Un crudo informe universitario en barrios populares reveló el drama cotidiano del modelo libertario: el 73% recurre al crédito solo para comprar comida y entra en mora ante la pérdida del poder adquisitivo.

El plan económico implementado por la administración de Javier Milei descargó su costo más brutal sobre los sectores vulnerables y la clase trabajadora, empujando a millones de hogares a una espiral de desamparo financiero sin precedentes. Lejos de la retórica oficial sobre el ordenamiento macroeconómico y la baja nominal de ciertos indicadores, la realidad territorial expone una crisis de subsistencia terminal. Un revelador relevamiento llevado a cabo en veintiséis barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires por el Observatorio de Economía Popular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA desnudó que el endeudamiento familiar ya no responde a proyectos de progreso o adquisición de bienes durables, sino a la desesperada necesidad de garantizar un plato de comida diario y cubrir medicamentos básicos.
La trampa de la deuda para subsistir y el negocio de la usura
El informe técnico arrojó números escalofriantes sobre la profundidad del deterioro social: casi el 73% de las familias encuestadas utiliza el saldo de las tarjetas de crédito exclusivamente para comprar alimentos, idéntica proporción a la de aquellos que tomaron préstamos en los últimos dos años con el único objetivo de no pasar hambre. La atención de la salud y la compra de remedios absorbieron el 53% de los fondos solicitados, mientras que más de la mitad de los consultados confesó que debió contraer nuevas deudas simplemente para cancelar pasivos previos. Esta dinámica consolidó una trampa circular donde el 66% de los hogares no logra mantener sus cuotas al día y el índice de mora trepa al 70,2%, un porcentaje que triplica con creces el promedio general del sistema financiero medido por el Banco Central.
La asfixia se agrava por las condiciones abusivas en las que se financia la supervivencia en los barrios. Ante el cierre del crédito bancario tradicional, las familias quedan a merced de billeteras virtuales, el fiado en almacenes de cercanía y los prestamistas barriales informales, canales que imponen requisitos discrecionales, tasas usureras asfixiantes y modalidades de cobranza que a menudo apelan a la coacción y la violencia. El repliegue total del Estado y la paralización de la asistencia social impulsada por el Gobierno nacional dejaron a los sectores populares cautivos de una economía de explotación financiera que licúa los magros ingresos del trabajo informal y pulveriza cualquier horizonte de estabilidad.
El efecto dominó: recortes en salud, servicios y techo propio
El impacto directo del ajuste libertario desató un efecto dominó devastador en la administración cotidiana del hogar. Para priorizar la alimentación mínima de los menores de edad a cargo, las familias se ven obligadas a resignar derechos y consumos elementales: más del 41% de los hogares discontinuó el pago del servicio de telefonía celular, un tercio debió dejar de pagar los impuestos y los servicios públicos de luz y agua tras los brutales tarifazos, y un porcentaje similar abandonó las cuotas de clubes o escuelas. La degradación avanzó de forma dramática sobre rubros estructurales de la vida digna, alcanzando la suspensión de las expensas en el 24% de los casos, la pérdida de la cobertura de salud privada u obra social en más del 21%, y la imposibilidad de afrontar el pago del alquiler en casi el 14% de las familias relevadas.
La investigación desmantela el discurso estigmatizante oficial al demostrar que el 80% de los encuestados trabaja activamente, e incluso uno de cada cuatro acumula dos o más ocupaciones simultáneas en el comercio, la limpieza o el cuidado de personas. Sin embargo, con un 65% de inserción en la más absoluta informalidad laboral y la ausencia de paritarias que compensen la inflación acumulada, el esfuerzo individual deviene estéril frente a la licuación de ingresos programada desde Balcarce 50. La política económica de Milei no solo desfinanció las redes de contención pública, sino que consagró una fractura social donde trabajar más ya no garantiza no ser pobre, empujando a miles de familias a la mora crónica, la intemperie y la pérdida cotidiana de su techo.