La subordinación geopolítica de la Casa Rosada amenaza el Atlántico Sur y avanza hacia la cesión de facto de una base militar en una zona estratégica clave.
El gobierno de Javier Milei acaba de cruzar una línea roja institucional sin precedentes, comprometiendo de manera directa la soberanía territorial y violando de forma flagrante la Constitución Nacional. Mientras el discurso oficial promueve un alineamiento dogmático y servil con los intereses de Washington, efectivos de las Fuerzas Armadas estadounidenses desembarcaron y comenzaron a operar militarmente en el extremo sur del país sin contar con la aprobación legal obligatoria del Congreso de la Nación. El secretismo y la opacidad con la que se manejó este operativo revelan el desprecio absoluto de la actual administración por las leyes argentinas y consolidan una política exterior entreguista que pone en jaque la posición histórica del país sobre el Atlántico Sur y la Antártida.
La maniobra fue blanqueada por la Armada Argentina recién después de que el portal periodístico Agenda Malvinas difundiera imágenes exclusivas del equipamiento bélico norteamericano en la pista del Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia. Acorralada por la evidencia gráfica, la institución castrense admitió a través de su órgano oficial que ocho miembros de la Infantería de Marina de los Estados Unidos se encuentran realizando ejercicios conjuntos con el Batallón de Infantería de Marina Número Cuatro. Las prácticas, que comenzaron el 8 de septiembre y se extenderán hasta el día 22, abarcan adiestramiento de combate en frío extremo, técnicas de supervivencia y maniobras de montaña en territorio fueguino, bajo la precaria excusa formal de tratarse de un inocente intercambio técnico de expertos.
Detrás de las justificaciones burocráticas se esconde una infracción de gravedad penal e institucional ineludible. El artículo setenta y cinco de la Constitución Nacional y la ley vigente de ingreso y egreso de fuerzas de seguridad establecen con total claridad que la autorización para que soldados extranjeros pisen y operen en suelo patrio es una facultad reservada con exclusividad al Poder Legislativo. Ni la Casa Rosada ni la cúpula militar pudieron exhibir el aval parlamentario correspondiente ni el decreto que sustente semejante movimiento de tropas, lo que convierte la presencia estadounidense en una ocupación irregular tolerada y promovida desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo nacional.
El desembarco de las tropas norteamericanas en Tierra del Fuego coincide de manera inquietante con las recientes declaraciones presidenciales y alimenta las peores sospechas en el ámbito de la defensa. En los propios mandos militares crece la certeza de que la retórica del oficialismo opera como pantalla distractiva para avanzar en la entrega efectiva del control del Atlántico Sur y allanar el camino hacia la instalación o administración compartida de una base militar estadounidense en Ushuaia. Al esquivar los controles republicanos y prestar el territorio fueguino para ejercicios de potencias foráneas, la gestión libertaria de Milei no solo atropella la legalidad democrática, sino que empeña la soberanía nacional en una peligrosa aventura geopolítica de consecuencias irreversibles para el futuro de la República.
