Maniobras contables en el Ministerio de Economía omitieron giros millonarios a la Ciudad de Buenos Aires, dejando al descubierto que el Gobierno ocultó gastos equivalentes al 10%.
Una maniobra de contabilidad creativa puso en jaque el principal estandarte discursivo de la gestión libertaria: el Gobierno ocultó gastos por casi un billón de pesos transferidos a la Ciudad de Buenos Aires con el fin de inflar artificialmente el balance fiscal del primer semestre y los meses subsiguientes. La omisión de estos recursos en las planillas oficiales no solo falsea las metas acordadas con los organismos internacionales, sino que deja al descubierto la fragilidad de las cuentas públicas frente al desplome de la recaudación tributaria.
Las transferencias a la Ciudad
Las planillas de ejecución de la administración porteña confirmaron ingresos efectivos por 675.333 millones de pesos durante la primera mitad del año bajo el concepto del cumplimiento cautelar del expediente de la Corte Suprema, a los que se suman otros 250 mil millones estimados entre julio y agosto. Sin embargo, en los registros del Palacio de Hacienda apenas figuró una partida marginal de 87.783 millones en febrero, omitiendo el resto de las erogaciones directas que se desprenden de la restitución del coeficiente coparticipable del 2,95% fijado por el máximo tribunal.
Al incorporar estas partidas que salieron de las arcas estatales pero no fueron asentadas, el superávit primario de más de 7,3 billones de pesos informado por la Secretaría de Hacienda se reduce en realidad a 6,7 billones, mientras que el resultado financiero cae a casi la mitad, pasando de 1,45 billones a apenas 790 mil millones. A diferencia de otros mecanismos de postergación de deuda —como la capitalización de intereses en títulos públicos—, se trata de dinero contante y sonante que fue erogado diariamente vía Banco Nación y que se borró deliberadamente de la foto oficial.
La sospecha de mayores pasivos no declarados
El encubrimiento de las partidas adeudadas a la Ciudad de Buenos Aires encendió las alarmas en el sector financiero ante la presunción de que no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón sistemático para disimular erogaciones no computadas. Con pasivos diferidos y costos de financiamiento mensual que rondan los 2 billones de pesos y que acumulan más de 16 billones en lo que va del año, la aplicación de criterios contables estrictos dejaría a la vista un rojo financiero real de magnitudes críticas.
La brecha entre la retórica de equilibrio fiscal y la realidad de los números confirma que el ajuste no logra compensar la parálisis de los ingresos tributarios ni los compromisos legales del Estado. Al apelar a artificios técnicos para esconder transferencias obligatorias y postergar obligaciones, la Casa Rosada montó una ficción contable que profundiza la desconfianza institucional y amenaza con hacer caer el relato del éxito económico por su propio peso.
