Los gremios docentes y no docentes paralizan las actividades en todo el país ante la falta de pago de las partidas salariales y presupuestarias fijadas por ley y ratificadas por la Corte Suprema.
El conflicto educativo entra en una etapa de alta tensión judicial y gremial. A pesar de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga a transferir los fondos correspondientes a la Ley de Financiamiento Universitario, la Casa Rosada continúa postergando los desembolsos, empujando a las federaciones sindicales a profundizar el plan de lucha en las aulas y amenazando la continuidad de los centros de salud académicos.
La desobediencia judicial y el colapso presupuestario
El rechazo oficial a cumplir con los fallos judiciales motivó una audiencia convocada por el juez federal Martín Cormick, donde las autoridades de la Subsecretaría de Políticas Universitarias evitaron presentar propuestas concretas y solicitaron nuevas prórrogas. Frente a esta parálisis administrativa, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) intimó al Ejecutivo bajo la advertencia de aplicar multas diarias a los funcionarios responsables e iniciar denuncias penales por el delito de desobediencia a una orden judicial.
La falta de transferencias deteriora el funcionamiento operativo básico y pone al límite de la capacidad asistencial a los hospitales dependientes de las universidades públicas en Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y la región de Cuyo. Pese al incremento inicial del 21%, los representantes sindicales y los rectores remarcan que resta liquidar un 30% adicional para recomponer los salarios, cubrir el aumento del 20% para gastos corrientes y girar los 50 mil millones de pesos comprometidos para la red hospitalaria.
El éxodo de docentes en las universidades públicas
El recorte sobre el sistema universitario profundiza la crisis en el desarrollo científico nacional, donde se concentra el 80% de las investigaciones del país. La interrupción de becas a 375 investigadores posdoctorales en el Conicet y el congelamiento general de recursos aceleraron la fuga de personal altamente calificado, impulsando a las casas de estudio a diseñar mecanismos de emergencia para evitar la pérdida de proyectos estratégicos formados por el Estado durante la última década.
En este marco de asfixia económica, la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, y el vicepresidente del CIN, Anselmo Torres, alertaron sobre la renuncia de más de 15 mil profesores en todo el territorio nacional. Con miras al plenario de rectores en Bariloche y al inminente debate legislativo por el Presupuesto, la comunidad académica ratifica las medidas de fuerza en las universidades públicas y exige el cumplimiento irrestricto de las leyes vigentes frente al avance del ajuste estatal.
