La adhesión de Argentina al Consenso de Ginebra y el desembarco de una red ultraconservadora en Buenos Aires exponen una estrategia para modificar derechos conquistados.
La ofensiva cultural de La Libertad Avanza no parece limitarse a discursos contra el feminismo o las políticas de género. En las últimas semanas, el Gobierno avanzó en vínculos internacionales y encuentros políticos con organizaciones que tienen entre sus principales objetivos frenar derechos sexuales y reproductivos y reinstalar una concepción tradicional de familia.
La estrategia tiene un punto de contacto con el trumpismo y con sectores ultraconservadores europeos, pero enfrenta un obstáculo dentro de la propia Argentina: los consensos sociales construidos durante las últimas décadas no desaparecieron con la llegada de Milei.
Una red ultraconservadora recibió respaldo oficial
El Political Network for Values (PNFV), una plataforma internacional ultraconservadora que promueve la denominada “familia tradicional” y cuestiona derechos como el aborto legal y la educación sexual integral, desembarcó en Buenos Aires con respaldo de dirigentes de LLA y del PRO.
El 23 de julio organizó en la Legislatura porteña el encuentro “Libertad para el futuro”, acompañado por una serie de actividades vinculadas a la llamada batalla cultural libertaria. Entre los impulsores estuvieron legisladores oficialistas y participaron figuras del PRO, funcionarios porteños y referentes religiosos.
Pero la agenda no quedó circunscripta a una jornada política. En el propio encuentro, la senadora Carmen Álvarez Rivero reconoció que existe una intención de modificar políticas aprobadas durante las últimas dos décadas y planteó incluso la posibilidad de avanzar contra la ley de aborto. El objetivo, según admitió, requiere construir primero respaldo social.
Ese punto resulta central: el Gobierno puede intentar modificar leyes, pero para conseguirlo necesita cambiar antes aquello que la sociedad considera aceptable.
Argentina se acerca al esquema impulsado por Trump
En ese camino se inscribe la adhesión argentina al Consenso de Ginebra, una declaración internacional impulsada originalmente durante el gobierno de Donald Trump y orientada a promover una agenda contraria a la ampliación del derecho al aborto.
El canciller Pablo Quirno y el embajador estadounidense Peter Lamelas firmaron el documento el 10 de agosto, aunque el Gobierno comunicó la decisión tres días después, luego de que la noticia apareciera en medios estadounidenses.
La apuesta oficial choca, sin embargo, con los datos disponibles sobre la sociedad argentina. Un relevamiento de Pulsar, de la UBA, muestra que siete de cada diez personas respaldan el matrimonio igualitario y una proporción similar considera que todavía queda trabajo pendiente en materia de igualdad de género.
Otro estudio del CEDES también encuentra niveles elevados de respaldo a políticas vinculadas con derechos sexuales y reproductivos: más del 80% acuerda con el acceso a anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados y casi la mitad conoce personalmente a alguien que abortó.
La batalla cultural que el Gobierno pretende profundizar tiene entonces un problema difícil de esquivar: el retroceso que impulsa desde sus alianzas internacionales y sus redes políticas todavía no parece contar con el consenso social necesario para convertir en pasado derechos que buena parte de la Argentina ya incorporó como propios.
