El Gobierno reglamentó con demora el órgano que debía motorizar el Pacto de Mayo. Centralización, baja pluralidad y escasa incidencia generan alerta.
A casi un año de haberlo anunciado, Javier Milei oficializó por decreto la creación del Consejo de Mayo. El organismo que debía impulsar el Pacto de Mayo arranca con señales preocupantes.
La demora de 298 días y la ausencia de una fecha concreta para su puesta en marcha dejan en evidencia el carácter más simbólico que operativo del anuncio.
El Gobierno habla de “materializar” un proyecto clave, pero el nuevo esquema despierta inquietudes. El Consejo de Mayo nace sin reglas claras de deliberación ni apertura real al disenso.
Un Consejo cerrado y sin fuerza legal
El decreto 382/2025 reemplaza la normativa original, que contemplaba la participación equilibrada de los tres poderes del Estado. Ahora, la designación de sus miembros queda en manos del Ejecutivo.
Este cambio profundiza la concentración de poder. Lejos de ser una mesa de diálogo plural, el Consejo de Mayo se perfila como un espacio de validación de las ideas oficiales.
Además, sus decisiones no serán vinculantes. El Consejo funcionará como órgano consultivo, sin capacidad de influir en políticas concretas ni generar consensos amplios.
Representantes sin diversidad
La integración refuerza el sesgo político. Federico Sturzenegger representará al Ejecutivo; Alfredo Cornejo, a las provincias; Carolina Losada y Cristian Ritondo, al Congreso.
Gerardo Martínez (Uocra) será la única voz sindical. El empresario Martín Rappallini (UIA) completa el cuadro. No hay referentes de la oposición, ni del movimiento obrero organizado ni de organizaciones civiles.
Aunque el Gobierno asegura que los miembros no cobrarán honorarios, la falta de pluralidad opaca cualquier gesto de austeridad. El Consejo de Mayo arranca con legitimidad acotada.
Un pacto que se diluye en gestos
El Consejo fue pensado como pilar institucional para respaldar reformas estructurales. Pero ni la Ley Bases ni el paquete fiscal lograron consenso pleno hasta ahora.
Si el Consejo de Mayo no incorpora voces críticas ni define una agenda pública concreta, será difícil que trascienda como verdadero espacio de debate democrático.
La idea de un nuevo contrato social, con acuerdos de largo plazo, pierde fuerza ante un diseño que excluye a actores clave. El riesgo es que el Consejo se convierta en un sello decorativo sin impacto.
Lo que debía ser un puente hacia el consenso puede terminar consolidando una narrativa cerrada, ajena al pluralismo que exige la democracia argentina.
