El temporal dejó al descubierto el desmantelamiento de áreas clave para la gestión de emergencias. La falta de recursos complica la asistencia a los damnificados.
La tormenta que golpeó Bahía Blanca reveló una alarmante ausencia de infraestructura estatal para atender catástrofes. Tres días antes del desastre, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cerró la Dirección Nacional de Emergencias y despidió a sus 485 trabajadores. Este organismo se encargaba de coordinar la asistencia en crisis, enviando insumos y profesionales para contener a los damnificados.
El Gobierno Nacional envió a los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, pero sin un área especializada en emergencias, la respuesta fue deficitaria. La ayuda despachada incluyó productos de limpieza y materiales de construcción, transportados por las Fuerzas Armadas. Desde la provincia de Buenos Aires señalaron que solo llegaron 80 colchones para una ciudad con 300.000 habitantes, aunque desde Capital Humano sostienen que la cantidad fue mayor, sin precisar cifras.
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El Gobierno justificó el cierre de la Dirección de Emergencias asegurando que la gestión de crisis ahora recae en los ministerios de Seguridad y Defensa. Funcionarios nacionales indicaron que la decisión ya estaba tomada antes del temporal y que no hubo improvisación. A partir de ahora, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), bajo la órbita de Seguridad, será el responsable de coordinar la asistencia.
Desde la gobernación bonaerense, en tanto, elevaron un pedido formal a Pettovello detallando la situación crítica de las familias afectadas. También recordaron que, en los últimos dos años, 50 municipios sufrieron inundaciones sin recibir respuestas de la Casa Rosada.
El vaciamiento de Vialidad Nacional y sus efectos en la reconstrucción
A la falta de asistencia en la emergencia se suma el impacto de los recortes en Vialidad Nacional. La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) denunció que el gobierno de Javier Milei ordenó la cancelación de todos los contratos de obra pública vigentes. La medida afecta tanto a rutas concesionadas como a aquellas que dependían del mantenimiento estatal.
El gremio alertó que esta decisión profundiza el plan de privatización de la infraestructura vial, dejando a millones de argentinos expuestos a condiciones de tránsito peligrosas. Según denunciaron, la eliminación de contratos interrumpirá el mantenimiento de rutas y la provisión de insumos esenciales.
Falta de recursos y personal especializado
La crisis en Vialidad Nacional agrava la situación en Bahía Blanca. Fabián Catanzaro, secretario general de FEPEVINA, advirtió que la reconstrucción de la ciudad se verá afectada por la falta de equipos y materiales. “El año pasado despidieron a mecánicos, maquinistas y topógrafos, personal clave para reparar rutas y colaborar en la emergencia”, explicó.
Además, señaló que la subejecución del presupuesto en 2023 y la falta de fondos en 2024 dejaron a Vialidad sin insumos ni repuestos para sus maquinarias. Las obras previstas en Bahía Blanca, como la reconversión de la Ruta 3 en autovía, también quedarían paralizadas por la cancelación de contratos.
Denuncias por desfinanciamiento y recortes en infraestructura
El Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina (STVyARA) advirtió que el gobierno de Milei retuvo el 42% del presupuesto de Vialidad Nacional para 2024. Esto impide el mantenimiento de rutas y afecta la conectividad en todo el país.
El vaciamiento de organismos estratégicos y la falta de previsión en la respuesta al temporal evidencian el impacto de los recortes en el Estado. Mientras las autoridades nacionales defienden su plan de ajuste, Bahía Blanca enfrenta la emergencia con menos recursos y mayor incertidumbre.
