El Gobierno lanzó un trámite online que permite obtener credenciales para armas desde cualquier dispositivo con internet.
En una decisión que encendió alarmas entre especialistas en seguridad y derechos humanos, el Gobierno nacional habilitó un sistema digital llamado “Tenencia Express” para gestionar permisos de tenencia de armas de fuego. La medida, oficializada mediante la Resolución 45/2025 y firmada por Juan Pablo Allan, titular de la ANMaC, forma parte del Plan de Transformación Digital Integral. Aunque se presenta como una herramienta para modernizar trámites, genera inquietud por su posible impacto en la proliferación de armamento.
La “Tenencia Express” funcionará exclusivamente a través de la plataforma online MiAnmac. Desde cualquier dispositivo con internet, los usuarios podrán iniciar el trámite, pagar las tasas y obtener credenciales digitales, integradas directamente con la aplicación MiArgentina. Este proceso, en apariencia ágil, despierta temores sobre el debilitamiento de los filtros previos a la autorización para portar armas.
El valor del trámite fue fijado en 20 Unidades ANMaC ($20.000) y la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM) costará 10 Unidades ANMaC. Si bien el sistema incluye controles automáticos de antecedentes y validación de datos para miembros de fuerzas de seguridad, preocupa que la menor intervención humana reduzca los controles rigurosos que exige una materia tan sensible como la tenencia de armas.
Esta flexibilización se suma a una reforma de diciembre pasado que bajó de 21 a 18 años la edad mínima para acceder a armas de uso civil. Desde entonces, cualquier persona mayor de edad puede adquirir o heredar armamento, sin necesidad de demostrar aptitudes específicas. La implementación de la “Tenencia Express” profundiza esa lógica de acceso simplificado, generando un escenario que muchos expertos consideran riesgoso.
Flexibilización comercial y menos controles locales
Como parte del mismo proceso, el Gobierno avanzó con una desregulación para comerciantes de armas y municiones, a través de la Resolución 49/2025. Esta norma eliminó la exigencia de contar con habilitaciones municipales e inscripción previa ante la ANMaC. Ahora, los comercios minoristas y mayoristas, así como talleres y depósitos, pueden operar con menos controles formales.
Esto permite, por ejemplo, que pequeños fabricantes produzcan hasta 1.200 armas anuales sin someterse al régimen de grandes empresas. Además, se flexibilizó el marco para establecimientos que recargan municiones, ensamblan piezas o destruyen armamento. Todo esto, sin una auditoría estricta ni estándares claros de supervisión en tiempo real.
Otra modificación alarmante es la que afecta a los usuarios de entidades de tiro, que ya no necesitan permisos municipales para operar. La eliminación de estos filtros locales plantea interrogantes sobre la capacidad real del Estado para fiscalizar actividades que involucran materiales altamente peligrosos.
Redestino del armamento incautado
La preocupación crece aún más con la decisión de permitir que las armas decomisadas por fuerzas federales puedan ser reasignadas para uso policial. Aunque seguirán registradas por la ANMaC, el hecho de que se mantengan almacenadas hasta una eventual orden del Ministerio de Seguridad genera incertidumbre sobre los criterios que se usarán para definir su destino.
Si bien el Gobierno afirma que estas medidas buscan agilizar procesos, reducir burocracia y fortalecer controles mediante tecnología, el resultado parece ir en sentido contrario. La combinación de la “Tenencia Express”, la baja en la edad de acceso y la desregulación comercial forma un escenario propenso al aumento del armamento en circulación y al debilitamiento del sistema de fiscalización.
