La investigación por la muerte del joven soldado Rodrigo Gómez (21), hallado sin vida en la Quinta de Olivos en diciembre pasado, dio un giro clave en las últimas horas: el Gobierno nacional confirmó que el militar había sido víctima de una red de extorsiones que operaba a través de una aplicación de citas, manejada por presos alojados en cárceles bonaerenses.

El caso fue presentado este martes en una conferencia de prensa oficial encabezada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la jueza federal Sandra Arroyo Salgado; y el vocero presidencial Manuel Adorni, quienes detallaron el funcionamiento de la banda y los avances judiciales. Hasta el momento, hay siete personas detenidas.

Según se informó, la organización utilizaba perfiles falsos de mujeres en la app Evermatch. Tras entablar contacto con las víctimas, los extorsionadores afirmaban que se trataba de menores de edad y exigían transferencias de dinero a cambio de no denunciar los hechos. En la maniobra, incluso, suplantaban la identidad de efectivos de la Policía de la Ciudad para reforzar las amenazas.

La red operaba desde las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos, ambas bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense. “Venimos trabajando de manera extremadamente reservada desde hace 54 días y logramos desarticular lo que llamamos una verdadera PYME del delito”, sostuvo Monteoliva al presentar los resultados de la investigación.

La causa se originó el 16 de diciembre, cuando se conoció la muerte de Gómez, integrante del Ejército Argentino que cumplía funciones de guardia en una de las casillas de Olivos. En un primer momento, se informó que el joven se había quitado la vida, pero el contenido de una carta manuscrita hallada en el lugar resultó determinante para reorientar la pesquisa.

En ese escrito, el soldado relataba los episodios de extorsión sufridos tras ingresar a una app de citas. “Quien diría que entrar a una app de citas me traería tantos problemas. Me trajo problemas legales y muchas deudas”, señalaba, y denunciaba que supuestos policías le exigían pagos constantes. “Esto parece ser una estafa, solo piden más y más plata”, escribió.

La investigación permitió establecer que las mujeres con las que chateaba no existían y que las imágenes utilizadas eran fotos tomadas de internet. Detrás de los perfiles había tres jóvenes detenidos, de 21, 24 y 29 años —uno de ellos de nacionalidad paraguaya—, quienes coordinaban el esquema extorsivo desde prisión.

Una de las herramientas más intimidantes era el denominado “audio del terror”, un mensaje en el que se acusaba a la víctima de mantener contacto con una supuesta menor de 17 años. El audio era enviado por quien decía ser la madre de la adolescente y daba paso, luego, al llamado de un falso policía que exigía dinero para “resolver” la situación.

En su despedida, Gómez dejó frases que hoy cobran una dimensión trágica: “Nunca creí que mi vida fuera a terminar así. No le tengo miedo a la muerte, sino a quedarme solo”. Para las autoridades, la carta fue clave para desentrañar el entramado criminal.

Los allanamientos realizados el 8 de febrero permitieron completar un total de siete detenciones, incluidas personas que prestaban cuentas bancarias para recibir el dinero de las víctimas. “Hoy el celular dentro de una cárcel es un arma”, advirtió Monteoliva, al confirmar que los acusados serán trasladados a penales federales de alto riesgo.

Por su parte, la jueza Arroyo Salgado aseguró que el hecho “no quedará impune” y subrayó la importancia de visibilizar esta modalidad delictiva para prevenir nuevas víctimas. “En este caso, el uso del celular fue un arma letal que acorraló a la víctima hasta una decisión final”, concluyó.