La reforma laboral que intenta empujar el Gobierno volvió a chocar contra un muro que ya parecía cantado: el rechazo del círculo empresario más poderoso.

Ni el “fondo de cese laboral” que impulsa Federico Sturzenegger desde el año pasado ni la zanahoria que sumó Luis Caputo —una rebaja de cargas sociales para quienes creen empleo— lograron disciplinar al Grupo de los Seis (G6). En la cúpula industrial, comercial, financiera, agropecuaria y de la construcción el diagnóstico es unánime: el fondo no cierra por ningún lado.

Una voz cercana al G6 fue tajante: “No le sirve a nadie: ni a la industria, ni al comercio, ni a los bancos, ni al campo”. Aunque no lo expresaron públicamente en bloque, sus representantes hicieron llegar en privado su rechazo al esquema que reemplaza las indemnizaciones por un aporte mensual exclusivo del empleador, negociado por convenio colectivo. La señal es clara: la promesa oficial de “bajar costos laborales” quedaría desmentida por un mecanismo que, según los empresarios, termina encareciendo cada relación laboral.

El modelo, similar al que aplica hace años la construcción bajo el convenio de la UOCRA, fue estudiado para extenderse a la parte administrativa del sector. Pero las empresas pusieron un freno inmediato: el cálculo interno mostraba que deberían aportar en un año el equivalente al 12% del total de las indemnizaciones —y un 8% el segundo año—, incluso en casos de renuncias o jubilaciones. “No voy a pagar por gente que jamás voy a despedir”, explicó un empresario del rubro, sintetizando el clima general.

La industria, con Techint a la cabeza, es el actor más activo en bloquear la iniciativa. Ni siquiera la última oferta de Caputo —reducción de hasta 8 puntos en cargas sociales para quienes adopten el sistema— logró cambiar las posturas. Desde la UIA sonaron irónicos: “¿Para qué sirve cambiar figuritas? Ya vivimos que bajan impuestos un año y los suben al siguiente”.

Filtraciones que tensan la negociación y un artículo que irritó a los bancos

A este rechazo se suma otra batalla interna: las versiones de borradores de la reforma que se filtraron entre gremios, legisladores y empresarios. El Gobierno se vio obligado a suspender la reunión del Consejo de Mayo y en varias cámaras hablan directamente de “quiebre del pacto de confidencialidad”.

Entre las filtraciones hay un punto que encendió todas las alarmas en el sistema financiero: el artículo 124 habilita que los salarios se paguen no solo en bancos sino en “otras entidades” que el Ejecutivo considere aptas. En criollo: vía libre para que billeteras virtuales como Mercado Pago entren al universo de pago de sueldos.

Los bancos entendieron el mensaje como un golpe directo a su negocio. “Esto va a modificar el mercado de tasas y el crédito”, advirtió un banquero con preocupación.

Qué quiere el Gobierno, qué quieren los empresarios y por qué nadie muestra su mano completa

Así y todo, el mundo empresario celebra otras piezas de la reforma: fin de la ultractividad de convenios, posibilidad de firmar convenios por empresa, jornadas extendidas a 12 horas, banco de horas, salarios por productividad y remuneraciones “dinámicas” con posibilidad de recortes. Es decir, el corazón flexibilizador del proyecto.

En paralelo, en la CGT aseguran que fuera del Consejo de Mayo no hay diálogo, y que no fijarán posición hasta ver un texto oficial. Aunque por lo bajo admiten que los cambios filtrados son casi un calco del DNU laboral que la justicia frenó meses atrás.

La negociación continúa trabada en su punto central: el fondo de despidos, una herramienta que para el Gobierno es clave y para los empresarios es anatema. Con un oficialismo fortalecido en el Congreso y un sindicalismo que espera, la discusión promete ser una de las más duras del nuevo paquete de reformas.