En medio de fuertes aumentos tarifarios y pérdida del poder adquisitivo, el gobierno habilitó a AySA a cortar el suministro de agua por falta de pago y avanzó con su privatización. El nuevo marco legal modifica más de 100 artículos del régimen vigente y permite que la empresa quede en manos privadas.
El gobierno de Javier Milei oficializó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, que modificó radicalmente el marco regulatorio del servicio de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Además de abrir la puerta a la venta de la empresa, el Ejecutivo incorporó medidas que perjudican directamente a los usuarios, en un contexto de aumentos tarifarios y fuerte caída del poder adquisitivo.
¿Se podrá cortar el agua por falta de pago?
Sí. Una de las principales modificaciones del nuevo marco normativo es que ahora AySA estará habilitada a cortar totalmente el suministro de agua a usuarios residenciales que tengan facturas impagas durante 60 días. Hasta ahora, solo se permitía la reducción del caudal, pero no la interrupción total del servicio.
El artículo 81 del nuevo régimen lo establece con claridad: “La Concesionaria está facultada para proceder al corte del Servicio Público por atrasos en el pago de las facturas correspondientes”. Para los usuarios no residenciales, el plazo de gracia también se redujo: pasó de 60 a solo 15 días antes del corte.
A pesar de estas nuevas condiciones, el decreto aclara que no podrá interrumpirse el servicio a hospitales, sanatorios y cárceles, sean públicos o privados, y que deberá “considerarse la protección de la salud pública”.
¿Cómo impactan estas medidas en el bolsillo?
Fuertemente. Un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, que depende de la UBA y el Conicet, reveló que las boletas de AySA aumentaron un 331% en 2024, cuadruplicando su valor en apenas un año. La tendencia alcista se profundizaría con la privatización.
El DNU habilita a la nueva concesionaria a realizar revisiones tarifarias ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias serán automáticas y trimestrales, con actualizaciones ligadas a un índice que refleje la inflación. Las extraordinarias podrán solicitarse ante el Ente Regulador de Agua y Saneamiento por cambios imprevistos en los costos operativos.
¿Qué cambia con la privatización de AySA?
El decreto también modificó el artículo 2° del Decreto 304/06, que establecía que el Estado debía conservar el 90% del capital accionario de AySA. Con la nueva normativa, el Estado podrá vender parcial o totalmente su participación, lo que habilita la privatización completa de la empresa que brinda agua y cloacas a millones de usuarios en el AMBA.
Además, la empresa concesionaria recibirá nuevas facultades operativas y financieras. Por ejemplo, podrá auditar técnicamente las obras dentro del área regulada, utilizar los fondos de explotación como garantía para financiamiento externo, y comercializar excedentes de agua potable y capacidad cloacal.
¿Qué rol tendrá el Estado tras la privatización?
El Ejecutivo encomendó a la Agencia de Planificación (APLA) la elaboración de un Plan Director de Mejora Estratégica, con el objetivo de programar obras de infraestructura, establecer fuentes de financiamiento y garantizar la expansión del servicio.
El contrato de concesión podrá incluir un régimen de transición de hasta cinco años, para aplicar de forma progresiva las nuevas reglas del marco regulatorio, asegurando la rentabilidad del prestador privado y el “equilibrio económico-financiero” del contrato.
