El juez federal Sebastián Casanello procesó este martes al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, como presunto jefe de una asociación ilícita, en el marco de una causa que investiga un entramado de coimas, sobreprecios y negociaciones incompatibles con la función pública. La decisión alcanza a otros 18 imputados y dispone además la realización de nuevas declaraciones indagatorias.
La resolución judicial se inscribe en una investigación que se inició el año pasado tras la filtración de audios que daban cuenta de maniobras irregulares en el interior del organismo. Según el fallo, al que tuvo acceso Infobae, Spagnuolo quedó procesado por los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación agravada y cohecho pasivo.
En su resolución, Casanello sostuvo que la pesquisa permitió reconstruir la operatoria de una organización criminal integrada por funcionarios de la ANDIS y actores privados, cuyo objetivo era obtener ganancias millonarias mediante la adjudicación irregular de contrataciones públicas. “Se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización que actuó de manera coordinada para beneficiar intereses privados en detrimento del interés general”, señaló el magistrado.
El juez describió la existencia de un “sistema de retornos” por parte de droguerías involucradas en la venta de medicamentos con sobreprecios a la Agencia Nacional de Discapacidad. Según la investigación, esos retornos funcionaban como mecanismo de recompensa para funcionarios infieles, que garantizaban la continuidad de los negocios.
“La investigación permitió exponer un entramado de corrupción institucional cuyo núcleo fue el funcionamiento irregular de la ANDIS”, afirmó Casanello. En ese esquema, operadores externos y funcionarios que ocupaban cargos de máxima jerarquía habrían actuado de forma mancomunada para favorecer negocios privados ilícitos, en abierta contradicción con las funciones del organismo.
El fallo es particularmente contundente al describir el impacto de estas maniobras: la Agencia Nacional de Discapacidad, sostuvo el juez, “fue cooptada y utilizada como vía de enriquecimiento personal” por los integrantes de la organización, en desmedro de su finalidad pública, que es la protección y el cuidado de las personas en situación de discapacidad.
El avance judicial profundiza uno de los casos de corrupción más sensibles de los últimos años, no solo por el volumen de fondos involucrados, sino por tratarse de un área destinada a garantizar derechos básicos a una población especialmente vulnerable.
