El Ministerio de Infraestructura bonaerense advierte sobre cambios en el proceso que podrían afectar la igualdad de condiciones entre oferentes y la gestión de 1.800 km de rutas nacionales.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (MISP) y la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A (AUBASA), denunció irregularidades en la licitación pública, nacional e internacional, de la Red Federal de Concesiones – Etapa II, que contempla la administración y concesión de 1.800 km de rutas nacionales en territorio bonaerense.
Solicitud de veedores y cuestionamientos al proceso
El ministro Gabriel Katopodis presentó hoy un pedido ante el Ministerio de Economía de la Nación para que intervengan el Defensor del Pueblo de la Nación y el de la Provincia de Buenos Aires como veedores, con el objetivo de garantizar la legalidad, objetividad, transparencia, imparcialidad y razonabilidad del procedimiento. Según explicó Katopodis, la licitación ha sufrido modificaciones “arbitrarias” durante su desarrollo, incluyendo cambios en 33 de 34 artículos y en contrataciones ya iniciadas, lo que afectaría la igualdad de condiciones entre oferentes.
AUBASA como oferente y capacidad de gestión
AUBASA se presentó para administrar los tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur, que incluyen 1.325 km de rutas y autopistas clave de la provincia. La empresa cumplió con todos los requisitos de los pliegos originales y presentó documentación adicional de manera voluntaria. A pesar de ello, la Comisión Evaluadora le solicitó aclaraciones sobre aspectos que no estaban incluidos en el pliego, como la validación de experiencia en obras realizadas por terceros.
Katopodis destacó que AUBASA es “la empresa mejor posicionada” y que su gestión asegura corredores transitables, tarifas competitivas y reinversión en obras. La Provincia advirtió que excluir a la compañía pública en la adjudicación final sería arbitrario y afectaría directamente a los usuarios, a la productividad y a la planificación municipal.
Impacto institucional y social
La intervención de veedores, según el Gobierno provincial, es clave para resguardar la transparencia y la previsibilidad del proceso, evitando decisiones que puedan perjudicar a sectores productivos y ciudadanos que dependen de corredores seguros y bien mantenidos. La licitación, lanzada en noviembre de 2025, ha registrado múltiples modificaciones por parte del Gobierno Nacional, incluyendo nuevas exigencias técnicas y financieras con plazos reducidos, generando cuestionamientos sobre la equidad del procedimiento.
En este contexto, la Provincia reafirma su compromiso de seguimiento estricto para garantizar la correcta administración y adjudicación de este proceso estratégico para la infraestructura bonaerense.
