El Gobierno entregó alimentos y artículos básicos a una organización cuestionada por su sesgo ideológico y falta de control.
La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, aprobó la cesión gratuita de bienes de la Aduana a la Fundación CONIN, dirigida por el médico ultraconservador Abel Albino. La disposición fue publicada este martes en el Boletín Oficial y autoriza el traspaso de alimentos, ropa y productos de higiene almacenados en depósitos fiscales. Estos productos, considerados “de rezago”, fueron incautados por la Aduana en Rosario y Santa Fe durante 2023.
La Fundación CONIN fue seleccionada por el Ejecutivo para recibir la mercadería, a pesar de sus antecedentes polémicos y su postura abiertamente anticientífica. Albino fue duramente criticado en 2018 por declarar que “el virus del SIDA atraviesa la porcelana” y que los preservativos “no sirven absolutamente para nada”. Sin embargo, esta organización continúa recibiendo apoyo directo del Gobierno nacional.
Según la normativa vigente, estos bienes pueden ser entregados con fines sociales si existe una situación de emergencia. Aunque la ANMAT aprobó la aptitud de algunos productos, otros no fueron sometidos a controles sanitarios. La fundación deberá retirar los artículos en diez días y tiene prohibido comercializarlos por cinco años. La falta de un control público sobre el destino final de estos bienes genera inquietud.
Preocupa el vínculo con una organización cuestionada
En junio de 2024, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, ya había entregado casi 400.000 kilos de leche en polvo a CONIN. Esa mercadería, próxima a vencer, debía ser distribuida por orden judicial a personas en situación crítica. Pese a la existencia de más de 40.000 comedores en todo el país, el Gobierno optó por concentrar la distribución en solo 22 centros de CONIN.
Ese mismo año, Pettovello firmó un convenio formal con la fundación de Albino. El acuerdo fue presentado como una estrategia contra la desnutrición infantil, aunque fue duramente cuestionado por excluir redes de asistencia alimentaria más amplias y con mayor arraigo territorial. El favoritismo hacia CONIN pone en duda los criterios de equidad y transparencia del Ejecutivo.
La insistencia del Gobierno en fortalecer a una organización con antecedentes ideológicos extremos y sin control estatal visible genera alarma. La entrega de bienes públicos a una entidad afín y sin garantías suficientes despierta interrogantes sobre el rumbo de la política social en la Argentina.
