En una decisión que generó alarma en Bahía Blanca, el presidente Javier Milei vetó la ley que preveía ayuda directa para las víctimas del temporal de marzo. El Gobierno argumentó razones fiscales, pero la ciudad queda sin garantías claras de reconstrucción ni de alivio económico.
El presidente Javier Milei vetó este martes la Ley de Emergencia para Bahía Blanca, una normativa aprobada por el Congreso el pasado 4 de junio que contemplaba un fondo especial de $200.000 millones para asistir a los damnificados por las devastadoras inundaciones de marzo. El veto fue formalizado mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, con las firmas de Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
La ley establecía medidas concretas para la reconstrucción de viviendas, asistencia a sectores productivos, acceso a créditos blandos, suspensión de obligaciones contractuales y ejecución de obras públicas prioritarias. Además, articulaba con el Gobierno bonaerense exenciones impositivas y priorizaba la contratación de mano de obra local.
No obstante, para el Gobierno nacional, la norma “se torna innecesaria” por la existencia del Decreto 238/25, que tras el temporal creó un fondo de idéntico monto bajo gestión del Ministerio de Seguridad. A esto se suma el argumento de la “estrechez presupuestaria” que atraviesa el país y la falta de precisión sobre las fuentes de financiamiento, exigida por la Ley de Administración Financiera N° 24.156 y la Ley N° 24.629.
“El Congreso no indicó de dónde saldrán los recursos para cubrir estos gastos, por lo que su ejecución queda suspendida”, remarcaron desde Casa Rosada, replicando la misma lógica que el Ejecutivo utilizó para vetar otras leyes, como la de Financiamiento Universitario.
La decisión deja en el aire la implementación efectiva de la ayuda a los barrios más afectados de Bahía Blanca, donde miles de familias aún esperan respuestas concretas. Dirigentes locales y bonaerenses manifestaron su preocupación ante un escenario de incertidumbre, en el que la reconstrucción depende ahora exclusivamente de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, sin controles ni plazos definidos.
