El Gobierno publicará este viernes el decreto que abre el período de sesiones extraordinarias, una jugada que busca garantizar la aprobación del Presupuesto 2026 y avanzar, a contrarreloj, con un paquete de reformas laborales, penales y ambientales que el oficialismo considera claves para la segunda mitad del mandato de Javier Milei. El llamado regirá del 10 de diciembre hasta fin de año, y volverá a abrirse entre fines de enero y mediados de febrero, en una ventana todavía imprecisa.

En Casa Rosada dan por hecho que, junto al Presupuesto, Milei enviará una serie de reformas estructurales que representan el corazón ideológico del Gobierno: la reforma laboral, la reforma penal, las modificaciones a la Ley de Glaciares —que habilitarían proyectos mineros hoy vedados— y la llamada “ley de inocencia fiscal”, una iniciativa que redefine el régimen de declaraciones impositivas bajo el argumento de “devolverle la presunción de inocencia a los contribuyentes”. El objetivo económico detrás es más palpable: forzar la exteriorización de dólares del colchón para reforzar la plaza cambiaria en plena volatilidad.

Aunque el Presupuesto ya tiene dictamen en Diputados, lo demás es un misterio. Ningún legislador recibió aún los textos finales de las reformas, que circulan solo como borradores informales. La más polémica es, sin dudas, la reforma laboral, redactada por áreas clave del Gobierno, desde el Consejo de Mayo hasta la secretaría de Trabajo y el ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, figura que genera fuerte rechazo en la CGT por su ofensiva contra la ultraactividad, la cuota solidaria, las indemnizaciones y los convenios colectivos.

Los sindicatos, marginados de cualquier instancia de negociación final, ya activaron su propio tablero político: reuniones discretas con referentes del PJ —incluido Sergio Massa— y con gobernadores de Provincias Unidas, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut). El mensaje es claro: la batalla legislativa se juega con múltiples actores y Milei no la tiene asegurada.

Otro frente sensible será la Ley de Glaciares, que el Presidente busca modificar para permitir mayor explotación minera en zonas cordilleranas. Ya en noviembre Milei había fustigado a los ambientalistas y reivindicado que la iniciativa surgió del gobernador mendocino Alfredo Cornejo, aliado estratégico en la construcción del Consejo de Mayo y socio electoral en las legislativas provinciales.

La convocatoria a extraordinarias, así, se transforma en el primer gran test político del oficialismo en su intento por convertir su programa económico en ley. La pregunta que sobrevuela el Congreso es si el Gobierno logrará construir las mayorías necesarias o si volverá a chocar con los límites de un Parlamento que no controla. En cualquier caso, el rumbo ya está trazado: acelerar, tensionar y avanzar, aun si el costo político se acumula en el camino.