En un movimiento desesperado, el gobierno de Javier Milei decidió que el Tesoro Nacional intervenga directamente en el mercado de cambios. La medida, que busca contener la suba del dólar, expone la fragilidad del programa económico, el riesgo país cercano a 900 puntos y un horizonte de vencimientos de deuda que amenaza con colapsar la estabilidad financiera del país.

En apenas 20 meses de gestión económica, el régimen cambiario pasó del crawling peg a bandas cambiarias que hoy pierden sentido, tras la intervención directa del Tesoro Nacional. La flotación libre del tipo de cambio, defendida durante meses por el presidente Javier Milei y su equipo económico, quedó reducida a un discurso sin sustento frente a la presión de los mercados.
La medida fue anunciada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a través de la red social X, asegurando que se busca “contribuir a la liquidez y al normal funcionamiento” de la plaza cambiaria. Sin embargo, detrás de la formalidad, se esconde una decisión desesperada que refleja la fragilidad estructural de la economía liberal-libertaria.
Cómo se financia la intervención de Milei
El Tesoro venderá los dólares adquiridos con los pesos del superávit fiscal, que asciende a unos 1.650 millones de dólares. Originalmente, estos fondos estaban destinados al pago de intereses y capital de deuda en dólares con vencimiento en enero próximo. Ahora se destinan a frenar la presión cambiaria, a costa de comprometer la capacidad de pago del Estado.
Este superávit no es resultado de crecimiento económico, sino de un ajuste drástico en obras públicas, salarios de jubilados y empleados estatales, programas sociales y recursos de las provincias. En otras palabras, la economía se sostiene sacrificando a la población y limitando la inversión estatal.
El Banco Central está impedido de actuar en el mercado spot debido al acuerdo con el FMI, que prohíbe la venta de los dólares del préstamo y establece bandas de flotación. Ante esta restricción, el Tesoro se convierte en el actor obligado a sostener la estabilidad cambiaria, una tarea que los mercados consideran insostenible.
El contexto es alarmante: el riesgo país se acerca a 900 puntos, lo que evidencia la incapacidad del gobierno de acceder al financiamiento externo voluntario. Lejos de generar confianza, el acuerdo con el FMI terminó profundizando la desconfianza internacional.
El costo social y económico de la estrategia libertaria
La intervención del Tesoro ofrece solo un alivio temporal. Mientras tanto, las políticas monetarias y cambiarias —tasas elevadas, encajes récord, dólar futuro y ahora liquidaciones directas— buscan sostener artificialmente la cotización del dólar, afectando la actividad económica y los indicadores sociales.
El objetivo detrás de estas medidas es claro: evitar la devaluación antes de las elecciones del 26 de octubre. Sin embargo, esta estrategia sacrifica la capacidad de pago del Estado y pone en riesgo la sostenibilidad de la deuda.
El escenario externo está en deterioro: el superávit de las cuentas externas depende de la recesión que frena importaciones, el ahorro en divisas de los particulares crece y el déficit en servicios sigue aumentando.
El Tesoro enfrenta vencimientos en pesos que, aunque parcialmente refinanciables, muestran límites: bancos y fondos de inversión ya poseen niveles récord de títulos públicos. Entre septiembre y diciembre, se suman vencimientos por unos 20 billones de pesos en títulos ajustados por inflación y tipo de cambio, lo que obligará a ofrecer rendimientos más altos para evitar un default selectivo.
Los vencimientos en dólares son aún más preocupantes: en enero de 2026, el Estado deberá pagar unos 4.300 millones de dólares, además de compromisos con organismos internacionales. Sin acceso al crédito voluntario externo, las reservas del Banco Central se convierten en la única fuente de divisas, aumentando la vulnerabilidad del plan económico.
La paradoja del plan liberal-libertario
El esquema económico de Milei es circular: garantizar pagos de deuda requiere crecimiento, pero la política actual de recesión, ajuste del gasto público y tasas elevadas impide justamente ese crecimiento. La actividad económica se estanca, la capacidad de repago disminuye y el riesgo país se mantiene cerca de los 900 puntos.
Cada dólar utilizado para frenar la cotización es un dólar que no se puede destinar a pagar deuda en moneda extranjera. La estrategia revela un círculo vicioso: las medidas de corto plazo buscan estabilidad, pero profundizan la fragilidad financiera y social.