Sin consulta pública ni control parlamentario, el Gobierno formalizó la privatización de Belgrano Cargas y habilitó la cesión de las principales líneas ferroviarias del país. Aunque el Estado conserva la titularidad, la operación quedará en manos privadas por tiempo indefinido.
El Gobierno de Javier Milei oficializó esta semana el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., una de las mayores operadoras ferroviarias del país. La medida, establecida por la Resolución 1049/2025 del Ministerio de Economía, deberá completarse antes del 24 de julio de 2026.
El plan contempla la subasta del material rodante del Estado, cuyos ingresos irán a un fideicomiso para obras sobre las vías concesionadas. Pero el punto más alarmante es la cesión del uso de las líneas General Belgrano, San Martín y Urquiza, junto con talleres e inmuebles clave. Aunque las estructuras seguirán siendo formalmente estatales, estarán bajo gestión privada de manera indefinida.
El proceso será coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, con fondos administrados por el Banco Nación. Todo se canalizará vía plataformas oficiales, con el discurso de la “eficiencia” y la “reducción del Estado”.
Sin debate público ni controles democráticos, el Ejecutivo avanza sobre activos estratégicos. Detrás del supuesto ahorro fiscal, lo que se pierde es soberanía y capacidad estatal para planificar el desarrollo. La entrega del sistema ferroviario marca un retroceso estructural con consecuencias de largo plazo.
