El Gobierno dio de baja iniciativas de políticas de género, desmantelando un área clave para la defensa del derecho de las mujeres.
En una nueva avanzada contra las políticas de género, el Gobierno nacional eliminó 13 programas que apuntaban a erradicar la violencia, fortalecer derechos y promover la igualdad. Las resoluciones 291/25 y 292/25, publicadas este viernes en el Boletín Oficial, oficializan la decisión del Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona.
La medida afecta directamente iniciativas de asistencia a víctimas de violencia de género, inclusión laboral, acceso igualitario al trabajo y formación en diversidad. Sin anunciar el monto del supuesto “ahorro”, el Ejecutivo justificó la decisión con argumentos ya conocidos: superposición de funciones, falta de impacto y deficiencias administrativas.
Sin embargo, no se presentaron datos que respalden estas afirmaciones. Lo concreto es que el Gobierno de Javier Milei desmanteló un conjunto de políticas públicas que habían sido diseñadas para dar respuesta a problemas estructurales que atraviesan a millones de personas en el país.
Una política sistemática de desmantelamiento
Desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, el ajuste sobre las políticas de género fue constante. El recorte presupuestario del 90% en el programa Acompañar marcó el rumbo. Este plan buscaba dar respaldo económico a mujeres y personas LGTBIQ+ en situación de violencia.
Además del recorte, el Gobierno avanzó con despidos masivos en áreas clave como la línea 144, herramienta fundamental para la atención de víctimas de violencia de género. También cerraron secretarías y dependencias que articulaban con organizaciones sociales y territoriales.
La eliminación de estos 13 programas confirma que prevenir la violencia, reducir la desigualdad y fomentar la inclusión no figuran entre las prioridades del Gobierno libertario. Lejos de fortalecer el Estado, lo debilita frente a problemas urgentes que requieren intervención.
Los programas eliminados y su impacto
Entre los programas dados de baja están “MenstruAR”, que garantizaba insumos para la gestión menstrual; “Producir”, que promovía la independencia económica de mujeres y LGTBI+; y “GenerAR”, que impulsaba políticas de género en provincias y municipios.
También fueron desmanteladas iniciativas de formación como “Escuelas populares de género” y “Formar Igualdad”, dirigidas al sector privado. Otros programas eliminados estaban orientados a la atención urgente ante violencias extremas, la participación ciudadana y el desarrollo rural con perspectiva de género.
La eliminación de estos programas implica un retroceso en derechos conquistados y deja a miles de personas sin herramientas de protección. Mientras tanto, el discurso de ajuste se impone sin un análisis serio del costo social que implica esta política de género regresiva.
