El Presidente calificó de “mierda humana” a Fernán Saguier y coordinó una cacería digital de ministros contra periodistas del diario tras la filtración de las debilidades del plan de Caputo.
La degradación institucional y el manejo patrimonialista del Estado por parte de Javier Milei alcanzaron un nuevo pico de tensión e incertidumbre política. Durante una seguidilla frenética de cinco horas de furia en redes sociales, el jefe de Estado descargó insultos de extrema violencia contra el director del diario La Nación, Fernán Saguier, a quien calificó de forma explícita como “mierda humana” y “sorete”, haciendo extensivo el agravio a toda la redacción del medio. Lejos de constituir un exabrupto aislado, el ataque formó parte de una ofensiva sistemática en la que también intervinieron ministros como Juan Bautista Mahiques para amedrentar a columnistas históricos, exponiendo la vulnerabilidad emocional de un mandatario incapaz de procesar las críticas y abriendo un conflicto mayúsculo en una licitación pública estratégica que involucra cientos de millones de dólares.
Aprietes a la prensa para tapar las fisuras del gabinete libertario
El detonante de la cólera oficialista fue la revelación periodística sobre las internas descarnadas que sacudieron la reciente comitiva gubernamental en París. La crónica de La Nación desnudó una cena privada en la residencia de la embajada argentina donde el ministro Luis Caputo admitió que se le agotaron los recursos financieros, confesando que no cuenta con más herramientas para sostener el esquema cambiario y advirtiendo con dramatismo que en marzo ya será tarde para cerrar acuerdos con las provincias. En lugar de brindar respuestas ante la fragilidad de su propio programa económico, el Gobierno optó por desatar una cacería coordinada contra cronistas como Jorge Liotti, Eduardo van der Kooy y Carlos Pagni, confirmando que la Casa Rosada busca silenciar por la vía del apriete a quienes documentan el deterioro de la gestión.
La animadversión personal del Presidente hacia la conducción del matutino arrastra antecedentes alarmantes que grafican la vocación autoritaria del régimen libertario. En una reunión privada celebrada en la Quinta de Olivos, Milei llegó a exigirle a Fernán Saguier el despido de una nómina puntual de periodistas críticos bajo amenaza de represalias políticas, un apriete que terminó en un portazo del empresario y abrió una grieta irreconciliable. Este hostigamiento estatal vulnera los estándares elementales de la libertad de expresión y expone el peligro que representa un mandatario que utiliza el aparato comunicacional del Estado para disciplinar líneas editoriales y perseguir voces disidentes.
El dilema de Karina Milei: frenar la concesión o ceder al cuasi monopolio
La virulencia discursiva del mandatario colisionó de inmediato con la opaca administración de los bienes públicos que comanda su hermana y secretaria general, Karina Milei. El blanco de la agresión presidencial es nada menos que el accionista del único consorcio que quedó en carrera para quedarse con la millonaria concesión de Tecnópolis, en alianza con la multinacional estadounidense Live Nation, una corporación que concentra de manera preocupante los principales centros de espectáculos del área metropolitana, incluido el Movistar Arena. Con el decreto de adjudicación ya redactado y archivado de apuro en un despacho oficial, el escándalo desatado por los agravios del Presidente dejó a la funcionaria en una encrucijada terminal: avalar la entrega del predio a su enemigo público número uno o anular todo el proceso licitatorio.
La parálisis en la definición sobre Tecnópolis desnuda una sangría de recursos injustificable en medio del ajuste salvaje que la administración aplica sobre jubilados y hospitales públicos. Mientras el predio sobre la General Paz permanece paralizado y en desuso absoluto tras el retiro de competidores por maniobras turbias ligadas a allegados del Gobierno, el erario público gasta mil millones de pesos mensuales solo para sostener su infraestructura básica, a la espera de un concesionario que comprometa una inversión estimada en 150 millones de dólares. Al supeditar contrataciones millonarias y la custodia del patrimonio del Estado a sus arranques de furia personal, Javier Milei no solo expone su incapacidad para gobernar con madurez republicana, sino que convierte la gestión pública en un campo de batalla tóxico donde las pérdidas siempre las termina pagando la sociedad argentina.
