El Gobierno destinó casi 7 millones de dólares más a inteligencia mediante una decisión administrativa que evita el Congreso.
El gobierno de Javier Milei volvió a ampliar los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Esta vez, lo hizo mediante la Decisión Administrativa 10/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial. El refuerzo presupuestario asciende a 8.017 millones de pesos, lo que equivale a unos 6,8 millones de dólares.
La medida lleva la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía, Luis Caputo. Según el texto, “resulta oportuno realizar compensaciones presupuestarias” entre varias áreas del Estado, incluyendo el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa y la SIDE. El dinero será destinado al Programa de Información e Inteligencia.
A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez no se utilizó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La decisión administrativa permite eludir el control del Congreso, ya que no requiere la revisión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
Una estrategia para evitar el rechazo legislativo
En 2024, el gobierno había intentado ampliar el presupuesto de la SIDE mediante dos DNU. En julio, destinó 100.000 millones de pesos al organismo, lo que representaban cerca de 100 millones de dólares. Ese decreto fue rechazado por ambas cámaras del Congreso, en una decisión inédita en la historia argentina.
En marzo de 2025, se aprobó otra ampliación por más de 7.300 millones de pesos, incluyendo 1.600 millones en gastos reservados. Ahora, el Ejecutivo optó por una vía alternativa que le evita una nueva confrontación con el Parlamento.
Desde el regreso de la SIDE, tras la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), los fondos destinados al espionaje se multiplicaron. La conducción del organismo quedó en manos de Sergio Neiffert, figura cercana al asesor presidencial Santiago Caputo.
Una ampliación que genera polémica
La reciente decisión también benefició a otros organismos públicos. Recibieron aumentos presupuestarios la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Magistratura, la Procuración Penitenciaria y el Fondo Nacional de las Artes. Sin embargo, el foco volvió a centrarse en los fondos reservados.
La palabra clave es “emergencia”, pero en este contexto se habla de una emergencia institucional. Organismos de control advierten sobre la falta de transparencia. Los fondos reservados están exceptuados de rendición detallada ante el Congreso y la sociedad.
En un contexto de ajuste fiscal, la emergencia económica no impidió que se prioricen recursos para inteligencia. Mientras se recortan partidas sociales y educativas, los fondos para la SIDE continúan en aumento. Esta es la tercera vez que el Gobierno recurre a esta herramienta en menos de un año.
