Golpeado por un revés electoral que sacudió al tablero peronista cordobés, Martín Llaryora decidió mover el eje de su gobierno y relanzar su narrativa de gestión con una promesa ambiciosa: una baja histórica de impuestos.

El envío del Presupuesto 2026 a la Legislatura llegó con el mensaje político explícito de recuperar la iniciativa, despegarse del desgaste acumulado por casi tres décadas de oficialismo y marcar diferencias con el ciclo delasotista, sin renegar de su legado.

El proyecto propone que los tributos no aumenten por encima de la inflación y, en algunos casos, incluso retrocedan en términos reales. El foco está puesto en dos sectores clave: la clase media urbana y la producción rural, ambos determinantes en el armado electoral de 2027. En el impuesto inmobiliario urbano, que alcanza a 1,2 millón de cuentas, el aumento no superará el 29% de la inflación. Para 500 mil contribuyentes, mayormente de ingresos medios y bajos, habrá quitas de hasta 25%, que en términos reales se traducirán en reducciones superiores al 50%. En el Panal ya comparan la medida con la icónica rebaja impositiva delasotista de 1999, asegurando que esta vez sería “más profunda”.

El capítulo rural también busca recomponer puentes con un sector que, en la última elección, mostró un voto castigo hacia el PJ y mayor afinidad con La Libertad Avanza. El tope del 29% se complementa con un plus del 5% para productores que trabajan su propia tierra, junto con el incentivo de Buenas Prácticas Agropecuarias. Además, el Gobierno promete destinar el 98% de lo recaudado al fondo específico para obras rurales, una señal dirigida al corazón productivo cordobés: la red vial secundaria que sostiene la logística agrícola.

La apuesta fiscal tiene un costo estimado de 600 millones de dólares, que el Ejecutivo provincial vincula directamente al escenario macro que proyecta el gobierno nacional. En Córdoba lo dicen sin rodeos: si Milei no logra el crecimiento que promete, la responsabilidad será suya; mientras que la provincia busca “interpretar a los cordobeses” con un esquema tributario más liviano y orientado a incentivar inversión y consumo.

En paralelo, Llaryora avanza sobre Ingresos Brutos, donde propone alivios para el universo PyME y para los comercios de menor facturación. Para el 64% de los contribuyentes, habrá una baja de 3,5% a 2,5%. Y se establece una alícuota 0% para empresas que facturen hasta 3.200 millones y destinen inversión equivalente al 1,2% de sus ingresos. Es un guiño directo al tejido empresarial que sostiene el perfil productivo cordobés.

Con la mirada puesta en abril de 2027, cuando buscará su reelección, Llaryora intenta que 2026 sea un año de reconstrucción política. En un peronismo provincial desordenado, con tensiones internas y sin liderazgo nítido, el gobernador sabe que la gestión deberá convertirse en su principal arma electoral. El Presupuesto 2026, más que un documento técnico, es el punto de partida de esa estrategia.