El diputado libertario presentó un proyecto para declarar “sujeto a privatización” al Astillero Río Santiago. La iniciativa encendió alarmas en Ensenada y en todo el sector naval, que advierte por el riesgo de perder miles de puestos de trabajo y el desmantelamiento de una industria estratégica.
A pocos días de que se reactivaran las discusiones sobre el rol del Estado en la economía, el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Guillermo Castello, presentó un proyecto de ley que pone en jaque al Astillero Río Santiago (ARS), una de las empresas públicas más emblemáticas de la provincia de Buenos Aires. El legislador libertario propone declarar al astillero “sujeto a privatización” y transferir todos sus activos al sector privado, con un plazo máximo de un año para concretar la operación.
La iniciativa, que ya ingresó a la Cámara baja provincial, encendió la preocupación en Ensenada, donde más de 2.600 familias dependen directamente de los ingresos del complejo naval. Castello argumenta que el ARS representa “una carga fiscal insostenible” y que su mantenimiento “solo genera déficit, burocracia y corrupción”. Sin embargo, detrás del discurso de eficiencia se esconde una medida que podría desmantelar más de siete décadas de desarrollo industrial nacional.
El proyecto también crea una comisión bicameral encargada de controlar el proceso de venta. Pero en los fundamentos, Castello deja en claro su intención: “El Estado no necesita fabricar barcos”, afirma, citando a Juan Bautista Alberdi para justificar la retirada estatal del ámbito productivo. Para el diputado, el Astillero Río Santiago es “ineficiente, politizado y obsoleto”, y su privatización sería el paso “necesario” para reducir el gasto público.
En sus argumentos, el legislador compara la situación local con la de otros países donde los astilleros públicos fueron privatizados o redujeron su personal. Según su planteo, mientras en el mundo se apostó por la modernización, el ARS “triplicó su plantilla, redujo su producción y acumula uno de los déficits más altos del planeta”. En la misma línea, advirtió que el astillero concentra el 80% del empleo del sector naval argentino, pero genera apenas el 20% del valor industrial, lo que a su entender refleja una “ineficiencia estructural”.
El Astillero Río Santiago bajo amenaza
El Astillero Río Santiago, ubicado en Ensenada, ocupa un predio de 39 hectáreas a orillas del Río Santiago, con acceso directo al Río de la Plata. Desde hace más de 70 años se dedica a la construcción y reparación de embarcaciones de gran porte, y se consolidó como uno de los principales polos metalmecánicos del país. Su infraestructura, su experiencia y su personal técnico especializado lo convierten en un actor estratégico dentro del esquema industrial bonaerense.
Pero en los últimos años, el astillero atravesó conflictos laborales y una fuerte presión política. En julio, los trabajadores realizaron un corte en la Autopista La Plata–Buenos Aires para reclamar un aumento de emergencia que les permitiera sostener el poder adquisitivo ante la inflación. Poco después, el gobierno bonaerense desplazó a Pedro Wasiejko de la presidencia del Ente Administrador del ARS, en medio de una revisión del rumbo institucional.
Ahora, con el nuevo proyecto libertario, el futuro del astillero vuelve a pender de un hilo. Sindicatos y organizaciones sociales de la región alertan que la privatización abriría la puerta al vaciamiento, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y el conocimiento técnico acumulado durante décadas.
El Astillero Río Santiago no solo representa una fuente de empleo, sino también un símbolo de soberanía industrial. Su cierre o traspaso al sector privado implicaría la pérdida de uno de los pocos espacios estatales capaces de producir embarcaciones de gran porte en el país.
Mientras el oficialismo provincial analiza los alcances del proyecto, en Ensenada crece el temor a que la historia se repita: la amenaza de privatización revive viejas heridas de los ’90, cuando políticas similares destruyeron buena parte del aparato productivo argentino.
La presentación de Castello no es solo una propuesta legislativa. Para muchos, es una señal de alarma sobre el rumbo que el gobierno libertario pretende imponer en la Provincia: la entrega del patrimonio público en nombre del ajuste. Y el Astillero Río Santiago, emblema del trabajo argentino, vuelve a ser el blanco de esa avanzada.
