El Gobierno fija cupos, exige vestimenta formal y podrá expulsar periodistas por grabar o transmitir en zonas restringidas.

En un contexto de creciente tensión con la prensa, el Gobierno nacional impuso nuevas y estrictas condiciones para los periodistas que buscan acreditarse en Casa Rosada. La Resolución 1319/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, limita a solo 25 los cupos disponibles por año e introduce una serie de controles inéditos, incluyendo una evaluación digital de impacto, sanciones por “faltas graves” y la obligación de asistir con “ropa formal”.

Entre los cambios más controvertidos se encuentra la posibilidad de expulsión inmediata por transmitir en vivo o tomar imágenes en áreas no autorizadas, un punto que genera alarma entre comunicadores y organizaciones de derechos. Además, el Ejecutivo reemplaza el término “periodista” por “profesional de la comunicación”, marcando un distanciamiento deliberado con el periodismo tradicional. Esta decisión llega tras reiterados ataques públicos del presidente Javier Milei a medios y cronistas.

El nuevo reglamento también permite por primera vez la acreditación de medios “no convencionales”, como canales de streaming o redes sociales. Sin embargo, estos deberán presentar pruebas contundentes de producción y audiencia, utilizando herramientas como Google Analytics. Para los acreditados “eventuales”, incluso sin un medio detrás, se exigirá un portfolio activo y regular, lo que podría excluir a voces independientes o emergentes sin estructura comercial.

Acreditación limitada y monitoreo digital

El ingreso a la Casa de Gobierno ahora dependerá de una “Matriz de evaluación objetiva”, basada en criterios como alcance, especialización temática, pluralismo informativo y presencia previa en coberturas oficiales. La interacción en redes —comentarios, compartidos, tiempo de retención— será más valorada que la audiencia general. Esta lógica digital impone exigencias difíciles de cumplir para periodistas sin recursos o sin respaldo tecnológico.

Todo aspirante deberá superar los 35 puntos para ser admitido, y la falta de documentación o errores en la presentación invalidará automáticamente su solicitud. Se trata de una burocratización preocupante del acceso a la información pública, que podría restringir la diversidad de voces en las coberturas institucionales. Además, el sistema carece de mecanismos claros de apelación o revisión de las decisiones tomadas.

Vestimenta obligatoria y riesgo de expulsión

La resolución también establece que quienes asistan a conferencias en Casa Rosada deberán vestir de manera formal. Aunque no se aclara si el incumplimiento podría ser sancionado como “falta grave”, el texto subraya la importancia del “decoro” y las “buenas costumbres”. Esta norma, ambigua y subjetiva, podría servir como nuevo filtro arbitrario para limitar la participación de ciertos periodistas.

El artículo menciona de forma explícita que cualquier conducta considerada “temeraria o indecorosa” podrá derivar en la suspensión o revocación de la acreditación. El Gobierno deja así abierta la puerta a sancionar de forma discrecional a quienes resulten incómodos, en medio de un clima hostil hacia el periodismo crítico. Para muchos, estas medidas no son administrativas, sino políticas: buscan disciplinar, controlar y silenciar.