El tribunal de apelaciones anuló la condena millonaria contra Argentina y respaldó la legalidad del proceso de 2012. Mientras tanto, Milei capitaliza políticamente una estrategia que no le pertenece.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló la condena por más de 16.000 millones de dólares contra la Argentina en el juicio por YPF y revirtió el fallo de primera instancia que había dictado la jueza Loretta Preska.

La decisión no solo alivia al Estado de una carga económica monumental, sino que valida el núcleo del proceso de estatización llevado adelante en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y con Axel Kicillof como principal ejecutor.

La estatización que resistió diez años de litigio

El fallo es claro en su línea argumental: la expropiación de YPF se encuadró dentro de la legislación argentina y, por lo tanto, no puede ser cuestionada bajo la lógica de contratos privados que pretendieron imponer los fondos demandantes.

En otras palabras, el tribunal reconoce que la decisión política de recuperar la petrolera —impulsada por el Congreso y sostenida por el Ejecutivo de entonces— tiene primacía frente a cualquier reclamo individual de accionistas.

Ese fue, desde el inicio, el argumento central de Kicillof y del gobierno de Cristina Kirchner: que la estatización no era un incumplimiento, sino una medida soberana amparada por la ley. Diez años después, la Justicia estadounidense termina validando ese enfoque.

Milei festeja y reescribe el sentido del fallo

Pese a ese recorrido, el presidente Javier Milei celebró el fallo como un logro propio. “Ganamos en el juicio de YPF”, escribió, y luego avanzó con ataques directos contra Kicillof y Cristina Kirchner, a quienes responsabilizó por el origen del conflicto.

La escena deja una contradicción difícil de disimular: el mismo proceso que el oficialismo cuestionó durante años es el que hoy recibe el aval de la Justicia internacional y evita una condena histórica contra el país.

Más aún, el fallo no introduce elementos nuevos en la defensa argentina, sino que retoma y convalida los argumentos jurídicos sostenidos desde 2012. Es decir, no se trata de un cambio de estrategia reciente, sino del resultado de una línea de acción que atravesó distintos gobiernos.

En ese cruce entre justicia y política, el Gobierno busca apropiarse del resultado mientras desacredita el origen de la decisión que hoy lo beneficia. Una tensión que no está en el expediente, pero que atraviesa de lleno la lectura pública del fallo.