Las hijas de Diego Maradona, Dalma y Gianinna, prestan declaración como testigos en el juicio político contra la jueza Julieta Makintach por su rol en el documental “Justicia Divina”, que derivó en la anulación del proceso por la muerte de Maradona. El caso pone en tensión el sistema judicial y la ética profesional en Argentina.
Las hijas de Diego Maradona, Dalma y Gianinna, prestan declaración como testigos en el juicio político contra la jueza Julieta Makintach por su rol en el documental “Justicia Divina”, que derivó en la anulación del proceso por la muerte de Maradona. El caso pone en tensión el sistema judicial y la ética profesional en Argentina.
La causa que enfrenta a la jueza Julieta Makintach atraviesa una jornada decisiva este martes, cuando las hijas de Diego Maradona —Dalma y Gianinna— declaran como testigos en el jury de enjuiciamiento. Este proceso disciplinario fue abierto luego de que la magistrada quedara involucrada en la producción del documental Justicia Divina durante el juicio por la muerte del exfutbolista, lo que derivó en la nulidad del procedimiento judicial.
La instrucción contra Makintach se centra en cargos graves: mal desempeño, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionaria pública, cohecho pasivo e incluso peculado de servicios. Según la acusación, la jueza comprometió la imparcialidad del tribunal al participar o permitir la filmación de un documental sobre una causa que aún tenía bajo su responsabilidad, sin la debida autorización institucional.
La jornada comenzó con la propia Makintach pidiendo volver a declarar ante el jurado. Luego seguirán los testimonios de Dalma y Gianinna Maradona, convocadas como testigos clave del caso. También están citados el presidente de la productora responsable del documental, una amiga íntima de la magistrada señalada como impulsora del proyecto, empleadas del tribunal y el abogado de uno de los imputados.
El clima de tensión se instaló desde el lunes, cuando el juez Maximiliano Savarino, excompañero de Makintach, la acusó de “mentir y engañar al tribunal” para facilitar la filmación. Denunció que, mientras estaban vigentes carteles que prohibían grabar dentro del juicio, la magistrada habría permitido el rodaje junto a su amiga.
La participación de las hijas del “Diez” aporta un fuerte componente simbólico y mediático. No solo por el peso del apellido Maradona en el imaginario argentino, sino porque sus testimonios podrían revelar cómo se manejó internamente la causa, y hasta qué punto la exposición mediática influyó en la imparcialidad del proceso judicial.
El jury está encabezado por la jueza Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, e integrado por legisladores y abogados del foro provincial. El cronograma prevé que el miércoles se amplíen los testigos de la defensa, mientras que los alegatos comenzarían el jueves. Tras las exposiciones, el jurado contará con cinco días corridos para dictar un veredicto.
El caso Makintach va más allá de una posible sanción individual: expone el delicado límite entre la transparencia de la justicia y el espectáculo mediático. ¿Puede una jueza involucrarse en un documental sobre un caso que aún instruye sin afectar su neutralidad? ¿Dónde termina el interés público y empieza la violación de deberes institucionales?
La declaración de Dalma y Gianinna Maradona podría aportar piezas clave a un proceso que, desde su origen, fue seguido con atención por la opinión pública. El trasfondo es claro: lo que se juzga no es solo la conducta de una magistrada, sino la credibilidad de la justicia argentina frente a una ciudadanía que exige responsabilidad y coherencia ética.
En síntesis, el juicio político a Julieta Makintach marca un punto de inflexión para la justicia bonaerense. La presencia de testigos de alto perfil, la presión mediática y las sospechas de manipulación dejan al descubierto la necesidad urgente de revisar los límites del poder judicial frente al poder de la imagen. Si el jury falla en su contra, sentará un precedente sobre la rendición de cuentas en la justicia. Si la absuelve, el costo será la desconfianza pública. En cualquiera de los casos, el impacto político y simbólico ya es irreversible.
