La administración de Milei apela la medida y defiende su postura de retener los alimentos para los sectores vulnerables.
El Gobierno argentino reafirmó su decisión de no distribuir los alimentos acopiados en depósitos, argumentando una estrategia política de reestructuración y debilitar las organizaciones sociales. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, declaró que el Gobierno apelará la resolución del juez Sebastián Casanello, quien ordenó la distribución inmediata de los alimentos.
Según Francos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ya había presentado un plan de distribución para evitar incurrir en desacato, sin embargo, el Gobierno mantiene su postura firme en la no distribución de estos recursos. “Nosotros estamos cumpliendo con la ley, presentando un plan de distribución que evita la desobediencia”, afirmó Francos.
Patricia Bullrich, una de las principales figuras de la oposición, criticó duramente la intervención del juez Casanello, argumentando que se trataba de una injerencia indebida en las decisiones del Ejecutivo. “No se puede permitir que un juez decida sobre las políticas de distribución de alimentos del Gobierno”, manifestó Bullrich, reafirmando la línea de Milei.
En este contexto, la presión sobre el Gobierno aumenta, con manifestaciones y críticas que demandan una respuesta urgente y efectiva. Organizaciones sociales y dirigentes políticos han hecho un llamado a la administración para reconsiderar su postura y priorizar la distribución de alimentos a quienes más lo necesitan.
Mientras tanto, la apelación del Gobierno seguirá su curso en los tribunales, y la situación de los alimentos acopiados permanece en un limbo legal y político, dejando en la incertidumbre a millones de argentinos que dependen de estos recursos para su sustento diario.
