La Comisión Investigadora $Libra presentó su informe final: más de 200 páginas que reconstruyen la maniobra detrás de la estafa cripto que impactó a 114.410 usuarios y que, según el documento, contó con una “colaboración imprescindible” del presidente Javier Milei.
El texto, de tono severo, sostiene que la intervención del mandatario fue determinante para el éxito del fraude y sugiere que el Congreso evalúe si existió “mal desempeño” en el ejercicio de sus funciones.
El informe marca un punto institucional delicado: si bien los diputados aclaran que no pueden impulsar el juicio político, consideran probado un vacío de controles, una conducta presidencial que “desdibuja los límites entre lo público y lo privado” y una sucesión de hechos que ameritan que el Parlamento, como contrapeso, examine formalmente la responsabilidad política del Presidente. La propia composición legislativa entrante, dominada por fuerzas afines al oficialismo, vuelve improbable cualquier avance. Pero para la comisión, lo que corresponde es dejar constancia, no calcular costos.
Uno de los elementos más contundentes del informe gira en torno a un dato nunca explicado: Milei publicó en su cuenta oficial un número de contrato del token $LIBRA que no era de acceso público. Para los investigadores, ese detalle compromete al Presidente y refuerza la hipótesis de vínculos previos con los desarrolladores del proyecto. La oposición sintetizó la gravedad con una frase que se repetirá en el ring político: “Sin tuit no había estafa”. La defensa libertaria, a cargo de Nicolás Mayoraz, calificó todo el proceso como “un circo montado”.
El documento también profundiza en las conexiones económicas de los creadores del token y en las reuniones que mantuvieron con el oficialismo: 16 encuentros registrados en Casa Rosada y Olivos, de los cuales solo cuatro fueron cargados en el Registro de Audiencias. El resto quedó en una zona gris que la comisión interpreta como un patrón de opacidad deliberada. Todos los ingresos a Casa Rosada —subraya el texto— fueron habilitados por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, cuya intervención se define como facilitadora de accesos, contactos y recursos del Estado para una operatoria hoy investigada como posible estafa internacional.
La otra dimensión crítica del informe es la falta de cooperación institucional. La Justicia no ordenó la presencia de los testigos citados; la Oficina Anticorrupción, la UIF y la unidad creada por el propio Ejecutivo para analizar el caso directamente no asistieron ni aportaron información. Por este motivo, la comisión denunciará a jueces, fiscales y funcionarios por presunto incumplimiento de deberes y por haber obstaculizado el trabajo de un órgano constitucional de control. En paralelo, afirman que hubo un intento oficial de autoinvestigación sin transparencia, que nunca buscó esclarecer los hechos.
En su cierre, el informe sentencia que existen elementos suficientes para considerar una violación de la Ley de Ética en la Función Pública, dado que el Presidente habría utilizado su investidura para promover un negocio privado incompatible con sus obligaciones institucionales. La conclusión no sorprende, pero sí eleva el conflicto a un plano político superior: ¿puede un jefe de Estado intervenir en mercados digitales sin controles, sin registros y sin explicar sus vínculos? La comisión cree que no. El Congreso aún no respondió. Y el equilibrio entre ambos poderes vuelve a tensarse.
