La CGT definirá este lunes desde las 11 si convoca a un paro general de 24 horas contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Sin embargo, la medida ya cuenta con un respaldo clave: la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que acompañará la decisión que adopte la central obrera, lo que garantizaría un fuerte impacto en el transporte público.

La adhesión de los colectiveros —que no participaron del último paro general por encontrarse bajo conciliación obligatoria— fue gestionada durante el fin de semana por dirigentes cegetistas. “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, señalaron desde el gremio que conduce Roberto Fernández.

Con el apoyo de la UTA, la eventual huelga podría afectar la circulación de colectivos en todo el país y sumarse a otros sindicatos del transporte que ya se pronunciaron a favor de profundizar las medidas. Entre ellos, La Fraternidad, liderada por Omar Maturano, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que encabeza Juan Carlos Schmid, cuyos sectores promueven incluso un plan de lucha escalonado.

Reforma laboral y punto de conflicto

El malestar sindical se intensificó tras la aprobación en el Senado del proyecto de reforma laboral. Si bien la CGT logró mantener sin cambios las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales y las cuotas solidarias, cuestiona con dureza varios artículos vinculados a derechos individuales y colectivos.

Uno de los ejes del conflicto es el artículo 44, que modifica el régimen de licencias por enfermedad. El texto establece que, ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo, el empleado percibirá el 50% de su salario, y el 75% si la situación no deriva de una conducta voluntaria que implicara riesgo. El esquema reemplaza el pago del 100% del salario vigente hasta ahora.

El oficialismo argumenta que la medida busca reducir el ausentismo injustificado y la litigiosidad laboral. En cambio, la CGT y sectores de la oposición consideran que se trata de un retroceso en materia de derechos laborales.

Desde el oficialismo, la senadora Patricia Bullrich defendió el cambio al sostener que apunta a desarticular lo que definió como una “mafia” de certificados médicos y juicios laborales. No obstante, anticipó que se analiza una modificación para mantener el pago completo en casos de enfermedades graves, sin alterar el trámite legislativo en Diputados para evitar que el proyecto deba regresar al Senado.

Presión interna y estrategia sindical

El triunvirato cegetista —integrado por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo— decidió adelantar la reunión del Consejo Directivo ante la posibilidad de que la Cámara de Diputados trate el proyecto esta misma semana. Sectores internos venían reclamando una respuesta más contundente frente al avance de la iniciativa.

En un documento interno, la CGT manifestó su rechazo “en su totalidad” al proyecto y anticipó que evalúa una impugnación judicial por inconstitucionalidad, al considerar que vulnera principios de progresividad y no regresión en materia laboral.

Además del régimen de licencias, la central sindical objeta cambios en indemnizaciones, jornada laboral, vacaciones y la regulación del derecho de huelga en servicios esenciales, así como limitaciones a las asambleas gremiales.

Mientras algunos dirigentes confían en que Diputados introduzca modificaciones al texto aprobado por el Senado, otros impulsan una estrategia de confrontación más amplia. En ese marco, el ala sindical más combativa, nucleada en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) —que incluye a la UOM, ATE, Aceiteros y las CTA—, ya anunció un paro con movilización al Congreso para el día del debate.

Con el respaldo confirmado de los gremios del transporte, la CGT se encamina a una nueva medida de fuerza de alcance nacional, en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical por el futuro de la reforma laboral.