La relación entre la CGT y el Gobierno de Javier Milei entró en una nueva fase de confrontación abierta. En una decisión que marca un quiebre político significativo, la central obrera resolvió retirarse del Consejo de Mayo y dejar vacío el asiento en el que debía presentarse este martes, cuando el organismo oficial difundió su informe final sobre la reforma laboral. El gesto no fue solo un portazo institucional: fue la señal de que el sindicalismo mayoritario está decidido a bloquear la iniciativa en todos los frentes.
La conducción cegetista convocó además a una reunión de urgencia para este jueves, donde se terminará de delinear un plan de resistencia que abarque tanto la estrategia parlamentaria como la presión territorial. Desde la UOCRA, Gerardo Martínez —representante de la CGT en el Consejo de Mayo— sintetizó el malestar: “Esta instancia está agotada. La reforma vulnera derechos colectivos e individuales”. La frase confirmó que el diálogo institucional quedó suspendido.
El rechazo interno es profundo y transversal. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, adelantó uno de los dirigentes más combativos de la central, quien denunció que ninguna de las propuestas sindicales fue incorporada por el Ejecutivo. Aun así, un sector de la CGT intenta mantener abiertos algunos canales informales con figuras políticas del Gobierno —como Santiago Caputo, Diego Santilli, “Lule” Menem y Martín Menem— para intentar moderar los puntos considerados más regresivos.
En las últimas horas circuló un documento interno que operó como un “semáforo” de la reforma. Allí, la gran mayoría de los artículos aparece bajo la categoría de “inaceptables”: fin de la ultraactividad, primacía de los convenios por empresa, limitaciones al derecho de huelga, restricciones a la tutela sindical, eliminación de las cuotas solidarias, rebaja de indemnizaciones y la posibilidad de pagarlas en cuotas para pymes. También se objetan cambios en la jornada laboral, el fraccionamiento del tiempo de trabajo, la reducción de aportes a las obras sociales, el impacto real de los nuevos Fondos de Asistencia Laboral y la reducción permanente de contribuciones patronales.
Con este panorama, el nuevo triunvirato cegetista —Cristián Gerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello— buscará acordar una hoja de ruta que combine presión política y capacidad de movilización. En Azopardo aseguran que insistirán en una ronda intensa de conversaciones con gobernadores, senadores y diputados para evitar que la reforma avance en el Congreso. “Vamos a agotar todas las alternativas posibles”, repiten en la conducción.
Pero la pulseada no se jugará solo en los despachos. Los gremios más duros empujan la definición de un plan de lucha que incluya paros, protestas y movilizaciones, llevando el conflicto directamente a la calle. Como última instancia, la CGT ya evalúa también la vía judicial, con la expectativa de repetir el antecedente del fallo que frenó el capítulo laboral del DNU 70/23, aún pendiente de resolución definitiva en la Corte Suprema.
La reforma laboral de Milei se convirtió así en el punto más caliente del mapa político: para el Gobierno, un emblema de su proyecto económico; para la CGT, una línea roja que no piensa dejar pasar.
