En una semana clave para el inicio del tratamiento en el Senado Nacional de la controvertida reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires firmó una postura clara: rechazo total al proyecto y advertencia sobre sus posibles efectos sobre el empleo, los derechos laborales y el sistema de seguridad social.
Desde el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense, los ministros Walter Correa (Trabajo) y Carlos Bianco (Gobierno) presentaron un informe técnico-político de unas 60 páginas titulado “Razones por las cuales la provincia de Buenos Aires rechaza este proyecto de Modernización Laboral”. El documento sostiene que la reforma propone un esquema de flexibilización laboral, que debilita la intervención del Estado como garante de derechos y no fue discutido con las provincias antes de su envío al Congreso.
El informe, elaborado con aportes de distintos equipos técnicos y asesores, plantea que el proyecto, tal como está redactado, no contiene ni un solo artículo que proteja o fortalezca los derechos de las y los trabajadores. Al contrario, advierte que su sanción podría precarizar el empleo, erosionar la estabilidad laboral, debilitar la organización sindical e impactar negativamente en la financiación de la seguridad social.
Durante la presentación, Correa subrayó que la postura bonaerense es compartida por representantes de sindicatos, cámaras empresariales, PyMEs y abogados laboralistas, y criticó la falta de debate federal previo al envío del proyecto. “Este texto profundiza tendencias que ya han demostrado fracasos en el pasado y no ofrece respuestas a los desafíos laborales actuales”, señaló.
Bianco, por su parte, cuestionó que la reforma no generará empleo genuino y que su enfoque promueve una desindustrialización encubierta, al poner énfasis en la reducción de costos para empleadores sin garantizar condiciones dignas ni estabilidad para quienes trabajan.
El rechazo provincial se suma a otras voces críticas que circulan en el debate público y sindical sobre la reforma laboral, que ya ha generado marchas, cese de tareas y advertencias de centrales obreras y diversos sectores organizados, preocupados por la potencial pérdida de derechos conquistados durante décadas.
Con el inicio formal del debate en la Cámara alta, esta postura de la Provincia de Buenos Aires se convierte en uno de los primeros contrapesos institucionales al proyecto del Poder Ejecutivo, en un escenario político que promete tensión y fuerte discusión en las próximas semanas. ¿Podrá sostenerse esta resistencia dentro y fuera del Congreso? Es la pregunta que ahora también cruza al movimiento obrero y a los gobiernos provinciales.
