Con los tiempos fiscales al límite y una Legislatura todavía sin cerrar filas, Axel Kicillof convirtió el debate por la autorización para tomar deuda en una batalla política de alto voltaje. Lejos de circunscribir la discusión a un trámite técnico, el gobernador buscó trasladar el costo del bloqueo opositor y presentó el paquete de financiamiento como una condición imprescindible para que la provincia “siga funcionando”. En ese marco, anunció un fondo municipal de $350.000 millones, de los cuales $250.000 millones quedarían garantizados y se ejecutarían en cinco cuotas fijas hasta junio de 2027.
El mensaje llegó acompañado de una puesta en escena milimétrica: gabinete completo, intendentes del peronismo bonaerense, legisladores, gremios estatales y referentes sindicales. Desde ese escenario, Kicillof denunció un “asedio ilegal” del Gobierno nacional sobre las cuentas provinciales y calificó como un “robo” los recortes aplicados por la administración de Javier Milei, que según sus números implicaron una pérdida acumulada de 12,9 billones de pesos para Buenos Aires. La estrategia: blindar políticamente la demanda de endeudamiento y responsabilizar a la Nación por la fragilidad fiscal actual.
El proyecto que se tratará en sesiones extraordinarias habilita al Ejecutivo a tomar deuda por U$S 3.685 millones divididos en tres tramos: uno por U$S 1.990 millones, otro por U$S 1.045 millones —que ya había naufragado este año— y un tercer segmento por más de U$S 500 millones para inversiones en ABSA y Aubasa. Para aprobarlo, el oficialismo necesita una mayoría agravada en ambas cámaras. Y ahí aparece el verdadero obstáculo: PRO y UCR reclaman contraprestaciones políticas y cargos en organismos de control, el Banco Provincia, y estructuras clave como el Tribunal Fiscal de Apelación.
En paralelo, desde la Gobernación advierten sobre las consecuencias del bloqueo legislativo. Sin eufemismos, funcionarios de primera línea deslizan que sin el endeudamiento aprobado “no hay aguinaldos” para los casi 700 mil trabajadores estatales, incluidos docentes, policías y personal de salud. El mensaje también apunta a los intendentes opositores, muchos de los cuales dependen del auxilio provincial para afrontar sus propios compromisos corrientes.
Las negociaciones, mientras tanto, se tensan. La oposición rehúye las convocatorias a actos políticos y exige discutir en el recinto, no en conferencias de prensa. A cambio de los votos, reclaman sillas en el directorio del Bapro, cargos con rango de director para auditores o síndicos, lugares en el Consejo General de Educación, y hasta una jugada de alto impacto: la garantía de que el radicalismo pueda ocupar una vacante futura en la Suprema Corte bonaerense. Los pedidos se multiplican mientras el reloj corre.
En ese tablero complejo, Kicillof apuesta a convertir la discusión en un dilema institucional y no partidario: o se aprueba la deuda y se garantiza el funcionamiento administrativo, o la provincia entra en una zona de riesgo operativo. La presión sube, las negociaciones siguen y el miércoles será el primer capítulo de una votación que puede redefinir el equilibrio político bonaerense para los próximos años.
