El Gobierno analiza un proyecto de ley que busca derogar el agravante de femicidio en el Código Penal. La medida generó críticas y podría beneficiar a cientos de condenados.
El Gobierno de Javier Milei avanza con su propuesta de “igualdad ante la ley”, un proyecto que busca eliminar todas las normativas basadas en la llamada discriminación positiva. Entre los cambios más polémicos se encuentra la intención de derogar el agravante de femicidio en casos de homicidio, lo que desató un fuerte debate en la sociedad. Esta iniciativa también contempla la eliminación de cupos laborales para personas trans y la anulación de los documentos no binarios.
El discurso del presidente en el Foro Económico de Davos, donde criticó la ideología de género, reforzó la postura oficial. Tras estas declaraciones, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció en redes sociales que el Gobierno eliminará la figura del femicidio para garantizar la igualdad ante la ley. Sin embargo, la medida generó preocupación entre especialistas, quienes advierten sobre las consecuencias legales y sociales de este cambio.
Un cambio que podría beneficiar a condenados
El impacto de esta reforma no se limitaría solo a la discusión política. Según especialistas en derecho penal, eliminar el agravante de femicidio abriría la puerta a reducciones de condena para numerosos homicidas. Debido al principio de aplicación de la ley más benigna, más de 300 condenados podrían solicitar una revisión de sus penas y, en algunos casos, quedar en libertad anticipada.
El debate se intensificó luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, defendiera la medida al asegurar que todas las víctimas de homicidio deben recibir el mismo trato ante la justicia. Sin embargo, referentes del derecho y organizaciones de derechos humanos sostienen que la eliminación del femicidio invisibilizaría la violencia de género y restaría herramientas para sancionar estos crímenes.
Revisión del proyecto tras la presión social
Las críticas no tardaron en llegar desde distintos sectores. La movilización masiva en defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ y en rechazo a las declaraciones de Milei en Davos tuvo un impacto directo en el oficialismo. Ante el rechazo generalizado, el Gobierno decidió replantear el proyecto y evaluar un enfoque más amplio que contemple la protección de la familia como bien jurídico.
Este giro en la estrategia responde a las advertencias de especialistas que señalaron los efectos negativos de eliminar el femicidio del Código Penal. Entre las consecuencias más graves se encuentra la posibilidad de que los condenados por homicidio agravado por razones de género logren penas más bajas, reduciendo significativamente su tiempo en prisión.
La polémica sobre la igualdad ante la ley
El argumento central del Gobierno se basa en la idea de que la vida de todas las personas debe valer lo mismo ante la ley. Sin embargo, organizaciones feministas y juristas sostienen que el femicidio no implica que una vida tenga más valor que otra, sino que reconoce una realidad social donde la violencia de género es sistemática.
El Código Penal contempla distintas agravantes según el contexto del crimen, como el homicidio por venganza o alevosía. La eliminación del femicidio, según los especialistas, supondría un retroceso en la lucha contra la violencia de género. El presidente del Colegio de la Abogacía, Ricardo Gil Lavedra, advirtió que eliminar este agravante podría aumentar los riesgos para las mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
Un debate con impacto político y judicial
El avance de este proyecto de ley marcará un punto clave en la agenda legislativa del Gobierno. Mientras el oficialismo busca consolidar su propuesta de igualdad ante la ley, las críticas continúan creciendo desde distintos sectores. El impacto de esta reforma podría trascender el ámbito penal y convertirse en una prueba de fuego para la gestión de Milei en materia de derechos humanos y políticas de género.
El Congreso será el escenario donde se definirá el futuro de esta iniciativa. La discusión promete ser intensa y, en medio de la polémica, el Gobierno deberá decidir si mantiene su postura inicial o si introduce modificaciones para mitigar las consecuencias de la eliminación del femicidio como agravante.
