Un documento oficial desató indignación al utilizar términos denigrantes para referirse a personas con discapacidad. La comunidad internacional exige explicaciones.
El Gobierno de Javier Milei quedó en el ojo de la tormenta tras la publicación de la Resolución 187/2025 por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad. En este documento, dirigido por Diego Spagnuolo, se emplearon términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para clasificar a personas con discapacidad intelectual según su coeficiente intelectual (CI). Estas expresiones, consideradas obsoletas y ofensivas, generaron una ola de repudio a nivel nacional e internacional.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos calificaron este acto como un grave retroceso. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por Argentina, establece que toda persona debe ser tratada con dignidad y respeto. Sin embargo, este documento oficial contradice de manera flagrante ese principio, reintroduciendo un lenguaje que recuerda prácticas discriminatorias del pasado.
La indignación no tardó en trascender las fronteras. Desde el País Vasco, el catedrático Julen Bollain Urbieta, experto en estudios sobre desarrollo, expresó su rechazo en redes sociales. Señaló que esta clasificación no solo viola tratados internacionales, sino que representa una “barbaridad” que nos remonta a tiempos oscuros de la historia. Además, subrayó que el uso de estos términos perpetúa la exclusión y dificulta la integración de personas con discapacidad en la sociedad.
Otros expertos en discapacidad y derechos humanos coincidieron en que este documento es un reflejo de la falta de sensibilidad del Gobierno de Milei. La utilización de un lenguaje tan despectivo demuestra un desconocimiento profundo de los avances en inclusión, generando preocupación sobre el rumbo de las políticas públicas en esta materia.
Un retroceso en derechos conquistados
Argentina había logrado importantes avances en derechos para personas con discapacidad. Desde 1997, el país reconoció que la discapacidad no es una limitación para trabajar, sino que existen barreras estructurales que deben ser eliminadas con políticas adecuadas. Sin embargo, este documento ignora por completo estos avances, reinstalando un discurso estigmatizante que parecía superado.
Referentes del sector aseguran que el uso de términos discriminatorios en un documento oficial no es un simple error, sino una decisión consciente. Advierten que este tipo de prácticas pueden legitimar actitudes excluyentes en distintos ámbitos, desde el laboral hasta el educativo, afectando la vida cotidiana de miles de personas con discapacidad en el país.
Exigencias de una respuesta oficial
La presión sobre el Gobierno de Milei crece día a día. Organismos nacionales e internacionales exigen una rectificación inmediata y medidas concretas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. La Agencia Nacional de Discapacidad aún no emitió declaraciones al respecto, mientras el escándalo sigue escalando en redes sociales y medios de comunicación.
Este episodio dejó en evidencia la falta de políticas inclusivas y el peligro de un discurso oficial que normaliza la discriminación. La pregunta que queda en el aire es si el Gobierno rectificará su postura o profundizará un conflicto que ya alcanzó repercusión mundial.
