El veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica y a la Ley de Financiamiento Universitario desató un paro en el Hospital Garrahan y la tercera Marcha Federal Universitaria. Trabajadores y docentes reclaman la preservación de fondos esenciales para la salud y la educación pública.

Los trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), iniciaron un nuevo paro en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica. La medida afecta el funcionamiento del hospital, ya que todo el personal médico y no médico adhirió al cese de actividades, limitándose la atención a internaciones y guardias.

El paro comenzó este viernes a las 07:00 e incluye una asamblea a las 13:00 y una movilización desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo a las 15:30. La protesta busca visibilizar la preocupación del sector sanitario por la revocación de la ley, que había sido sancionada en agosto y establecía mayores fondos y mejoras salariales para el Garrahan y otros centros pediátricos del país.

En paralelo, los docentes universitarios también expresaron su descontento. Hoy se realiza la tercera Marcha Federal Universitaria, en rechazo a la decisión del Gobierno de dar marcha atrás con la Ley de Financiamiento Universitario. La normativa otorgaba fondos actualizados a las universidades nacionales y contemplaba una suma especial para carreras estratégicas, destinada a fortalecer la educación superior en áreas críticas para el desarrollo del país.

El conflicto escaló tras la decisión del Poder Ejecutivo de vetar ambas leyes. Según el Gobierno, publicada en el Boletín Oficial, la medida responde a la necesidad de preservar el equilibrio fiscal y evitar un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público”. Sin embargo, los sectores afectados advierten que la medida compromete la atención pediátrica y la financiación de la educación universitaria, generando incertidumbre en trabajadores, estudiantes y familias que dependen de estos servicios esenciales.

La tensión entre el Ejecutivo y los sectores sanitarios y educativos promete mantenerse durante los próximos días, mientras hospitales y universidades buscan visibilizar el impacto de los vetos presidenciales y exigir una revisión de las decisiones oficiales que afectan directamente a los servicios públicos.