Un informe de la Policía Federal advierte sobre el creciente descontento en las fuerzas de seguridad federales. Gendarmes organizan concentraciones en distintos puntos del país para reclamar mejoras salariales.
El descontento dentro de las fuerzas de seguridad federales sigue en aumento. Un informe de la Policía Federal alertó a la ministra Patricia Bullrich sobre el malestar en la Gendarmería y la Policía Aeroportuaria por los bajos salarios. Según el documento, gendarmes con 15 años de servicio ganan aproximadamente 800.000 pesos, cifra que consideran insuficiente para costear alquileres en ciudades como Buenos Aires y Rosario, donde los valores oscilan entre 250.000 y 500.000 pesos. La situación llevó a la convocatoria de protestas el lunes 10 de febrero en distintos puntos del país, como el Edificio Centinela en Buenos Aires, el Monumento a la Bandera en Rosario y plazas céntricas de Córdoba, Jujuy y Salta. Además, en redes sociales circulan llamados para que familiares acompañen la protesta, aumentando la presión sobre el Gobierno.
El informe de inteligencia causó indignación en las filas de la Gendarmería. La estructura de espionaje de la Policía Federal, conocida como “Los Plumas”, es vista con recelo por los efectivos, quienes consideran que se los está vigilando en lugar de atender sus reclamos. El antecedente más recordado es el caso de José Alberto Pérez, un agente infiltrado en la comunidad judía por 14 años. Ahora, la percepción es que la vigilancia se dirige hacia los propios miembros de seguridad. A esto se suma el malestar por la asignación de tareas en zonas de conflicto, como Rosario, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, sin previo aviso ni análisis de la situación familiar de los efectivos. Según denuncian los propios gendarmes, el Gobierno los utiliza para operativos de represión en la capital y para contener el avance del narcotráfico en Santa Fe, sin garantizar condiciones dignas de trabajo.
El detonante del reclamo salarial es la falta de aumentos significativos en 2024. En páginas especializadas, como la denominada 1588, los gendarmes explican que solo recibieron un 3% de incremento en todo el año, lo que consideran insuficiente frente a la inflación y el aumento del costo de vida. En el último Boletín Oficial, se establecieron ajustes mínimos: un cabo primero pasó de cobrar 778.238 pesos en noviembre a 786.020 en diciembre, un aumento de apenas el 1%. En este contexto, los efectivos advierten que hasta el 50% de su salario se destina al alquiler, sin contar otros gastos básicos. Por esta razón, la protesta del lunes 10 se perfila como una de las manifestaciones más importantes dentro de la Gendarmería en los últimos años.
El informe de inteligencia también menciona la organización de los efectivos a través de grupos de WhatsApp con más de 750 miembros. En estos espacios se coordinan las movilizaciones y se señala que, aunque la ministra Bullrich les da respaldo político, no ofrece respuestas concretas en términos salariales. La Gendarmería ha sido clave en la represión de protestas en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que la fuerza no tiene jurisdicción en el territorio porteño, salvo en puntos específicos como el Congreso y la Casa Rosada. La administración de Milei se apoya en estos operativos, mientras la Policía de la Ciudad evita el costo político de la represión. En paralelo, el conflicto se extiende a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, especialmente en Río Grande, Tierra del Fuego, donde los agentes denuncian condiciones laborales precarias, exceso de horas nocturnas y hostigamiento. A medida que crece la presión dentro de las fuerzas, el Gobierno enfrenta un dilema: mejorar los sueldos o arriesgarse a que quienes garantizan el orden expresen su descontento en las calles.
