La administración de Javier Milei anunció restricciones para inmigrantes ilegales, con foco en expulsiones, salud y educación.
El Gobierno nacional oficializó un giro drástico en su política migratoria. Desde Casa Rosada anunciaron nuevas restricciones que afectan a extranjeros en situación irregular. Según el comunicado, la medida busca “restablecer el orden” frente a un sistema que, dicen, estaba “desvirtuado por el populismo”.
Las autoridades aseguraron que en los últimos 20 años ingresaron de forma irregular más de 1.700.000 inmigrantes. “Las facilidades extremas” para cruzar la frontera explican, según la administración, esa cifra. Por eso, reforzarán los controles en pasos limítrofes y limitarán el acceso de extranjeros condenados.
El Ejecutivo informó que cualquier persona con condena será rechazada al intentar ingresar al país. A su vez, quienes crucen por pasos no habilitados y sean detectados, serán expulsados. Esta política también se aplicará a residentes que cometan delitos dentro del territorio argentino.
Los anuncio de Adorni
El nuevo régimen migratorio establece que todo extranjero condenado por un delito será deportado. Esta disposición alcanza incluso a quienes hayan recibido penas menores a cinco años. El Gobierno explicó que estos casos ya no estarán exentos del procedimiento de expulsión.
Además, los inmigrantes ilegales deberán pagar por los servicios hospitalarios y educativos universitarios. Se exigirá, a partir de ahora, un seguro médico para ingresar al país. El Ejecutivo apunta a que los extranjeros asuman los costos de su estadía si no cuentan con residencia legal.
Las universidades nacionales podrán cobrar aranceles a residentes temporarios. No obstante, la educación primaria y secundaria seguirá siendo gratuita para todos los residentes, tal como ocurre con los ciudadanos argentinos.
Requisitos más duros para la ciudadanía
Otra de las modificaciones clave está relacionada con la obtención de la Carta de Ciudadanía. A partir de ahora, se exigirá una residencia continua de dos años o una inversión económica relevante en Argentina.
Para acceder a la residencia permanente, será obligatorio demostrar medios de vida estables y carecer de antecedentes penales. El Gobierno considera que estas medidas promueven la “inmigración ordenada y responsable”.
La palabra oficial llegó a través de la cuenta Oficina del Presidente. Allí afirmaron que buscan recuperar “el sentido común” frente a un sistema que, aseguran, estuvo “cooptado por la ideología populista”. La política migratoria vuelve así a ocupar un lugar central en la agenda libertaria.
