Un año después de que Luis Petri autorizara la compra de 12 teléfonos de alta gama para funcionarios del Ministerio de Defensa, el Gobierno se niega a revelar quiénes los recibieron. Alegan “riesgos para la vida” de los beneficiarios, en medio de un nuevo escándalo por el uso de fondos públicos.

A un año de una polémica compra, el Ministerio de Defensa vuelve a quedar envuelto en un manto de sospechas. El entonces ministro Luis Petri adquirió doce celulares de lujo para funcionarios de su cartera, en una operación que formó parte de una serie de gastos millonarios durante el llamado Black Friday estatal de 2024. Sin embargo, lo más llamativo no fue el monto del gasto, sino el secreto oficial que lo rodea: el Gobierno se niega a revelar quiénes fueron los beneficiarios.

Según la documentación oficial, el proceso de licitación N° 35-0008-LPR24 se cerró el 7 de octubre de 2024 por $15.347.484, destinados a la compra de Samsung Galaxy A55 5G de 256 GB. La transacción se sumó a otras compras en dólares y pesos realizadas por Defensa en el mismo período, que incluyeron televisores 4K, heladeras, computadoras y aires acondicionados.

El portal Diagonales presentó tres pedidos de acceso a la información pública para conocer el destino de estos bienes. Solo uno fue parcialmente rechazado: el que involucraba a los 12 teléfonos de alta gama. La respuesta del Gobierno fue tan inesperada como preocupante: revelar los nombres “podría ocasionar un peligro para la vida o la seguridad” de los funcionarios involucrados.

En su descargo, el Ministerio justificó la compra asegurando que los equipos eran necesarios para “mejorar la comunicación interna y facilitar la firma digital de documentos”. También alegó que los anteriores dispositivos se encontraban en “estado de obsolescencia tecnológica”. Pero lo que parecía una explicación técnica derivó en una maniobra política para evitar la rendición de cuentas.

La negativa se apoyó en el artículo 8°, inciso j) de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, que permite retener datos si su divulgación pudiera poner en riesgo la seguridad de una persona. Sin embargo, la aplicación de esa cláusula en este contexto genera sospechas sobre una posible obstrucción deliberada de la transparencia estatal.

En su respuesta, el Ministerio agregó que, una vez finalizada la función de cada funcionario, “se verifica la existencia de eventuales cargos patrimoniales y la devolución de los bienes asignados”. Pero sin saber quiénes recibieron los dispositivos, esa verificación resulta imposible de corroborar externamente.

Mientras tanto, otros organismos también aparecen involucrados en compras similares. La Jefatura de Gabinete destinó $2 millones para un Samsung Galaxy S24, mientras que la Escuela Naval Militar gastó $1,3 millones en un Motorola Edge 50 para “difundir actividades en redes sociales”.

El contraste con las promesas de austeridad del Gobierno de Javier Milei no podría ser más evidente. A menos de dos años de gestión, el discurso contra la “casta” se enfrenta a hechos concretos que exhiben privilegios, opacidad y falta de rendición de cuentas.

Lejos de pagar su propio café —como prometió el ministro Luis “Toto” Caputo—, los funcionarios del Gobierno parecen disfrutar de equipos de última generación y compras suntuosas, amparados en el silencio oficial. Un nuevo episodio que deja al descubierto el doble estándar de la “anticasta” libertaria.