Durante las elecciones del domingo 7 de septiembre, un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido en el partido de Malvinas Argentinas tras ser sorprendido robando boletas de Fuerza Patria. El mismo confesó que fue contratado por una concejala del partido libertario.
Este domingo 7 de septiembre, un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido en la Escuela N° 12 de Villa de Mayo, en el partido de Malvinas Argentinas, cuando fue sorprendido robando boletas de Fuerza Patria dentro del cuarto oscuro. El mismo confesó ante las autoridades que fue contratado por una concelada del partido libertario, por el monto de $30.000 para realizar el hecho, pero que no le habían pagado.
Gonzalo, el joven fiscal, habló en directo con Crónica y explicó que una concejala de su distrito le ofreció dinero por retirar boletas de otros partidos y colocarlas en sobres junto a las de La Libertad Avanza. El acusado también afirmó que aceptó llevar a cabo el ilícito porque necesitaba el dinero.
“Me hicieron trabajar y no me dieron un centavo. Yo no soy de ningún partido político, lo hice porque no tengo trabajo seguro”, declaró al medio. En ese sentido, Gonzalo también confirmó que recibió las instrucciones a través de una llamada telefónica.
Su tarea era ingresar al cuarto oscuro, retirar las boleta de los partidos y colocarlas en un sobre manila donde estaban las de LLA. “La señora que me contrató pasó dos o tres veces por el sector donde yo estaba y me dijo: ‘¿Pasaste al cuarto a hacer lo que dijimos?’ Yo le dije que no. Me insistió: ‘Bueno, pasá y hacelo’”, agregó.
Qué pasó con el fiscal de La Libertad Avanza
Según se pudo ver en un video que recorrió las redes sociales, un votante que ingresaba al cuarto oscuro encontró al fiscal de La Libertad Avanza guardando los fajos de boletas en un sobre. Al encontrarse con la situación, el mismo alertó a las autoridades de mesa y el joven fue detenido por la Policía y puesto a disposición de la Justicia Electoral.
En la Provincia de Buenos Aires, la Ley Electoral N° 5.109 establece penas de hasta tres años de prisión para aquellos que sustraigan, adulteres o destruyan documentos electorales. Sin dudas, este caso vuelve a reabrir el debate acerca de la transparencia en los comicios y la necesidad de reforzar los controles en los cuartos oscuros, de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre.
