La licitación por más de $648 millones del Ministerio de Justicia encendió alarmas por la ausencia de controles y posibles sobreprecios. La adjudicación a una agencia que ofertó más caro que su competidora pone en el centro de la polémica al ministro Mariano Cúneo Libarona y suma tensión al gobierno de Javier Milei.
El Gobierno de Javier Milei vuelve a enfrentar críticas por presuntas irregularidades en contrataciones estatales. Esta vez, el Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona, adjudicó una licitación millonaria a una agencia que ofrecía precios más altos que otro competidor, sin establecer un precio testigo que permitiera controlar el gasto público.
El Ministerio de Justicia bajo sospecha
El pasado 14 de agosto, el Ministerio otorgó a Sudameria Incoming Solutions SRL un contrato por $648.779.200, mientras que ITS International Travel Services SA había cotizado $614.000.000, casi $34 millones menos. Aunque la cartera aseguró que priorizó criterios técnicos, la decisión generó fuertes cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos.
SIGEN advierte irregularidades y alerta por falta de controles
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) notificó la ausencia de precio testigo mediante la Nota NO-2025-80761008. Además, el contrato fue tramitado bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, que permite extender su vigencia sin una nueva licitación, reduciendo los niveles de transparencia frente a variaciones de demanda y costos.
Detalle de montos y comisiones elevadas
El contrato incluye $255 millones en pasajes nacionales, $250 millones en internacionales, $30 millones en ómnibus y trenes, y $34,5 millones en asistencia al viajero. Las comisiones fijas también llaman la atención: $91.476 por cada pasaje internacional, $76.230 por boleto nacional y $25.410 por ticket terrestre.
Servicios adicionales
La agencia deberá proveer un software global de reservas, atención 24/7, repatriación sanitaria, cobertura internacional, compensación por equipaje y reportes periódicos de gestión.
La magnitud de las cifras y la falta de controles claros ponen en jaque la transparencia del Ministerio de Justicia. La polémica licitación se suma a una serie de cuestionamientos que golpean al gobierno de Javier Milei, mientras crece la presión sobre Cúneo Libarona.
