La negativa oficial ante un pedido de la justicia de Estados Unidos profundiza las sospechas sobre el destino de las reservas en medio del juicio por YPF

El Gobierno nacional rechazó un requerimiento de la justicia de Estados Unidos que buscaba conocer la ubicación, cantidad y destino de las reservas de oro del Banco Central, en el marco de la causa por la estatización de YPF. El pedido fue impulsado por los beneficiarios del fallo adverso contra la Argentina, que reclaman una declaración jurada para identificar activos embargables en el exterior.

La respuesta oficial se apoyó en la autonomía del Banco Central y en su separación jurídica del Tesoro. Según el Ejecutivo, el oro no pertenece al Estado nacional sino a una entidad independiente, por lo que el Ministerio de Economía no tendría acceso a esa información. Con ese argumento, también se rechazó la citación del ministro Luis Caputo para que declare ante el tribunal estadounidense.

La causa se originó en la expropiación de YPF en 2012 y derivó, en septiembre de 2023, en un fallo que obliga a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares, además de intereses. Desde entonces, los fondos demandantes intensificaron su estrategia para localizar bienes del país fuera del territorio nacional.

Sin embargo, la controversia va más allá de una discusión técnica. Pese a las exigencias judiciales y a las versiones sobre el traslado irregular de lingotes al exterior, el Gobierno sigue sin informar dónde están las reservas de oro. El silencio oficial no solo debilita la posición argentina ante la justicia internacional, sino que también alimenta sospechas sobre el manejo de activos estratégicos.

La falta de transparencia en un contexto de fuerte fragilidad económica agrava la desconfianza y expone al país a mayores riesgos financieros y políticos, mientras una de sus principales reservas permanece envuelta en un inquietante misterio.