Ciudadanía más difícil, aranceles en salud y educación y nuevas causas de expulsión marcan un giro restrictivo.

Con la publicación del Decreto 366/2025, el Gobierno oficializó este jueves una reforma migratoria que modifica de manera profunda el régimen vigente desde 2003. La nueva normativa eleva las exigencias para obtener la ciudadanía argentina, restringe el acceso a la salud y la universidad pública para no residentes y amplía las causales de deportación. El argumento oficial se basa en la necesidad de “fortalecer la capacidad del Estado para gestionar los flujos migratorios” ante el contexto regional e internacional.

El decreto establece un cambio radical en el proceso de naturalización. La ciudadanía argentina ya no será otorgada por la Justicia, sino por la Dirección Nacional de Migraciones. Además, redefine el requisito de “residencia continua”: quien haya salido del país durante los dos años previos a la solicitud no será considerado elegible. A esto se suma la creación de la “ciudadanía por inversión relevante”, una vía exprés para quienes puedan acreditar aportes económicos significativos, bajo criterios que definirá el Ministerio de Economía.

En paralelo, se agregan nuevas restricciones al régimen de residencia. Se crea una figura precaria, válida por 90 días, sin garantía de regularización definitiva. Los solicitantes de residencia permanente deberán demostrar ingresos estables y carecer de antecedentes penales. La política apunta a desalentar lo que el Gobierno denomina “turismo de natalidad” y establece controles estrictos sobre cambios de domicilio, con riesgo de expulsión por falsedad o demora en la actualización.

Aumentan las expulsiones y se limitan servicios básicos

El capítulo sobre deportaciones muestra un endurecimiento sin precedentes. La mera omisión de antecedentes penales o la sospecha de haber falseado el motivo de ingreso podrá derivar en la expulsión del país. Condenas por delitos de cualquier tipo, incluso si no implicaron prisión efectiva, serán suficientes para revocar la residencia. Además, se amplía el rechazo en frontera por documentación inadecuada o sospecha de falsedad. La DNM tendrá potestad para retener preventivamente hasta 60 días a quienes enfrenten un proceso de expulsión.

La reforma también modifica el acceso a servicios públicos básicos. La atención médica en hospitales públicos será gratuita solo en casos de emergencia. En cualquier otra situación, los extranjeros sin residencia permanente deberán presentar un seguro de salud o abonar la atención. En educación, se mantiene la gratuidad en los niveles inicial, primario y secundario, pero los estudios universitarios solo serán gratuitos para argentinos o extranjeros con residencia permanente.

Esta serie de medidas representa un giro drástico en la política migratoria argentina. En lugar de integrar, el nuevo marco tiende a excluir. Mientras organizaciones sociales y de derechos humanos alertan sobre la posible discriminación y vulneración de derechos, el Gobierno justifica las medidas como una respuesta necesaria a la crisis migratoria global. El impacto real de esta reforma aún está por verse, pero ya genera preocupación en amplios sectores de la sociedad.