Un episodio ocurrido en un bar de Ipanema derivó en una causa judicial de alto impacto en Río de Janeiro, con pasaporte retenido, tobillera electrónica y una investigación por presunta discriminación racial.

El caso de Agostina Páez, una abogada argentina de 29 años oriunda de Santiago del Estero, escaló en pocos días de un conflicto nocturno a una situación judicial compleja en Brasil. El episodio ocurrió en un bar de la zona de Ipanema, en Río de Janeiro, y derivó en una investigación por presuntos actos racistas, con medidas cautelares que le impiden abandonar el país.

Según el relato de la propia Páez, todo comenzó durante una salida con amigas, cuando al momento de retirarse del local el personal les habría reclamado pagos que, asegura, ya estaban realizados. “Pagamos la entrada y todo lo que consumimos. Cuando estábamos por salir, nos retienen y nos dicen que con la pulsera había cosas que no habíamos pagado. Tengo los comprobantes”, sostuvo en declaraciones públicas. La discusión se intensificó cuando comenzaron a reclamar lo que consideraban un cobro indebido y, pese a su disconformidad, terminaron abonando nuevamente.

La situación no concluyó allí. De acuerdo con su versión, al abandonar el bar fueron seguidas por empleados del lugar, quienes habrían realizado gestos obscenos desde las escaleras. En ese contexto, la joven reconoció haber reaccionado con señas que luego fueron registradas por cámaras de seguridad. “Ahí es cuando yo hago ese gesto. No los llegaba a ver bien. Era más para mis amigas”, explicó.

Sin embargo, la reconstrucción realizada por medios brasileños como O’Globo y G1 señala que las expresiones y gestos fueron interpretados como racistas. En particular, se le atribuye el uso de la palabra “mono”, considerada en Brasil un insulto de fuerte carga discriminatoria. Ante esta situación, el gerente del bar solicitó que Páez permaneciera en el local mientras se revisaban las imágenes y posteriormente realizó la denuncia policial.

La Justicia brasileña actuó con rapidez. La causa quedó a cargo de la 11ª Delegación Policial de Rocinha, que dispuso medidas cautelares para asegurar el avance de la investigación. Como resultado, a la abogada argentina se le retuvo el pasaporte, se le prohibió salir del país y se ordenó la colocación de una tobillera electrónica mientras dure el proceso judicial.

En sus declaraciones, Páez reconoció el fuerte impacto personal de la exposición mediática. “Estoy encerrada en un departamento porque sé que en todos los medios brasileros está mi cara y mi nombre”, afirmó. También aseguró estar atravesando un momento de extrema angustia, con amenazas y un alto nivel de temor. “Cerré mis cuentas y estoy muerta de miedo”, sostuvo, al tiempo que explicó que fue advertida de que sería detenida si intentaba abandonar Brasil.

Si bien defendió su postura respecto al conflicto inicial, la joven expresó arrepentimiento por su reacción. “Fue la peor reacción. Estoy muy arrepentida”, admitió, aunque insistió en que no tuvo intención de dirigir los gestos al personal del bar y que actuó por la tensión del momento.

Desde el punto de vista judicial, el caso se encuadra en la política de tolerancia cero que Brasil aplica frente a hechos de racismo y discriminación, considerados delitos graves por la legislación local. Las autoridades confirmaron que la investigación continuará en las próximas semanas y que el Ministerio Público evalúa avanzar con cargos formales, lo que podría agravar la situación penal de la abogada argentina.