En medio del malestar creciente del sector agropecuario y tras semanas de reclamos públicos, el Gobierno nacional finalmente oficializó la declaración de emergencia agropecuaria para cuatro distritos bonaerenses afectados por las inundaciones: Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué. La medida llega dos meses después de que la provincia elevara el pedido formal.

La Resolución 1776/25 del Ministerio de Economía ratifica el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026. A partir de esta resolución, los productores alcanzados podrán acceder a exenciones impositivas y líneas de crédito para recomponer parte de las pérdidas sufridas.

El anuncio funciona, además, como una respuesta política a la tensión acumulada con los sectores rurales, que habían denunciado la falta de reacción oficial ante el impacto de las lluvias. Según consta en los registros oficiales, la provincia de Buenos Aires ya había prorrogado la emergencia el 18 de septiembre, pero la Nación demoró casi dos meses en homologarla.

En paralelo, el gobierno bonaerense resolvió eximir del pago del Impuesto Inmobiliario Rural a los campos afectados en 19 municipios, entre ellos Chacabuco, Chivilcoy, Junín, Las Flores, Saladillo, Trenque Lauquen y Veinticinco de Mayo. La medida busca aliviar la presión fiscal sobre productores que enfrentan serias dificultades financieras, en un contexto donde la recomposición de ingresos sigue atada a factores climáticos y crediticios.

La emergencia agropecuaria, aunque llega tarde, se inscribe en una agenda de administración del conflicto entre Nación, provincia y campo. Un vínculo que vuelve a mostrar los tiempos dispares de la gestión frente a la urgencia de los territorios.