La expresidenta aseguró que la solicitud obedece a razones de seguridad y no representa ningún tipo de privilegio personal
Luego del fallo adverso de la Corte Suprema y ante la inminente citación del Tribunal Oral Federal n°2, Cristina Fernández de Kirchner pidió cumplir prisión domiciliaria. La ex presidenta se defendió de quienes cuestionan la solicitud y apuntó al poder económico y judicial.
En un extenso descargo, CFK explicó que su defensa solicitó que la eventual pena se cumpla en su domicilio de Monserrat. Según expresó, no se trata de una ventaja personal, sino de una necesidad vinculada a su seguridad.
“La custodia que tengo no es optativa. Es obligatoria para expresidentes”, sostuvo. Remarcó que esta condición se enmarca en normativas vigentes y busca proteger a quienes ocuparon el Poder Ejecutivo.
Además de ese punto, subrayó un hecho clave: el intento de magnicidio del 1 de septiembre de 2022.
Custodia obligatoria y antecedentes de violencia
Cristina recordó que fue atacada cuando aún ocupaba la Vicepresidencia. “No se trató de un hecho aislado ni espontáneo”, expresó. Denunció la falta de avances contra los autores intelectuales del intento de asesinato.
En su descargo, la titular del PJ también apuntó contra el rol de la Justicia. “El fallo que me proscribe responde a una orden del poder económico”, dijo. Y calificó a la Corte como un “Triunvirato títere”.
Cristina Fernández también criticó a los medios que calificaron su pedido como un “privilegio”. Según afirmó, esa narrativa busca deslegitimar su decisión de someterse al proceso judicial.
Confirmó que se presentará en Comodoro Py
La ex presidenta aseguró que se presentará el 18 de junio ante el TOF n°2, “como siempre lo ha hecho”. A su vez, contrastó su conducta con la de referentes opositores que evadieron a la Justicia.
“Nosotros no somos la derecha mafiosa que se fuga y es sobreseída”, lanzó. La frase fue interpretada como una alusión directa al expresidente Mauricio Macri.
La prisión domiciliaria solicitada por Cristina Fernández de Kirchner reabre el debate sobre las garantías institucionales, la violencia política y el rol del poder judicial en Argentina.
