La expresidenta publicó una carta abierta en la que ratificó su inocencia en la causa Vialidad, anunció una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sostuvo que existe una estrategia de lawfare para excluirla de la vida política argentina.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que llevará su condena en la causa Vialidad al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que fue víctima de una persecución judicial con fines políticos. A través de una extensa carta abierta titulada “El costo democrático de la politización de la justicia”, la presidenta del Partido Justicialista sostuvo que el proceso judicial en su contra tuvo como verdadero objetivo su proscripción y advirtió sobre el impacto que esa situación tiene sobre la democracia argentina.

En el documento, la exmandataria reafirmó su inocencia y aseguró que la condena excede su situación personal, ya que, según planteó, busca impedir que la ciudadanía pueda elegir libremente a sus representantes.

Cristina denunció una estrategia de proscripción y anunció una presentación ante la ONU

En su carta, Cristina Kirchner sostuvo que la condena por la causa Vialidad responde a una estrategia de persecución política impulsada a través del Poder Judicial y vinculó esa situación con el fenómeno del lawfare.

“La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria”, afirmó la exvicepresidenta, quien sostuvo que el verdadero objetivo de la sentencia es impedir su participación política.

Además, remarcó que esa situación no afecta únicamente sus derechos individuales, sino también los de la ciudadanía. “Constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino y de cada argentina”, expresó.

Frente a lo que definió como el agotamiento de las instancias de protección dentro del sistema judicial argentino, confirmó la presentación de una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Para esa estrategia internacional convocó al abogado español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y al jurista brasileño Rafael Valim, quien integró el equipo legal que representó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva ante el mismo organismo internacional.

La expresidenta denunció violencia judicial con perspectiva de género

Uno de los ejes centrales de la carta es la denuncia de un supuesto sesgo de género en el tratamiento judicial de su caso.

Cristina Kirchner sostuvo que las vulneraciones a sus derechos también responden a un “machismo estructural”, al considerar que fue juzgada no solo por sus decisiones políticas, sino también por su condición de mujer.

En ese marco, recordó que fue la única mujer elegida y reelegida como presidenta de la Nación y cuestionó que también sea la única exmandataria condenada por la Corte Suprema.

“¿Ser la única ex presidenta condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?”, planteó en uno de los pasajes más fuertes de la misiva.

“Ninguna proscripción logró apagar la voluntad popular”

En la parte final del documento, Cristina Kirchner advirtió sobre las consecuencias institucionales que, según su mirada, genera la utilización del Poder Judicial como herramienta de persecución política.

La titular del PJ sostuvo que las democracias se debilitan cuando “los jueces sustituyen la voluntad popular” y afirmó que el lawfare continúa representando una amenaza para los sistemas democráticos de la región.

La carta concluye con un mensaje dirigido a la militancia peronista y a sus seguidores, en el que reivindica la continuidad de su liderazgo político pese a la condena judicial.

“Ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular. Muy pronto volveremos a encontrarnos”, escribió la exmandataria, dejando en claro que buscará trasladar la disputa sobre su condena al plano internacional mientras mantiene su protagonismo dentro del escenario político argentino.