Luis Caputo anunció la construcción de la Terminal Timbúes bajo el régimen de grandes inversiones. El proyecto, de casi 300 millones de dólares, promete fortalecer la hidrovía del Paraná, pero genera inquietud por la baja de la inversión inicial, los amplios beneficios fiscales del RIGI y sus posibles consecuencias sobre la soberanía y el ambiente.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes la aprobación de un nuevo proyecto bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI): se trata de Terminal Timbúes, un puerto multipropósito que se construirá en el norte de la provincia de Santa Fe, sobre el río Paraná. El anuncio llega en un contexto económico complejo, con una inversión prevista de alrededor de 300 millones de dólares, y despierta preocupación por los alcances del programa y su impacto en el territorio.

El proyecto será financiado por Terminales y Servicios S.A., y según explicó la empresa, el puerto estará destinado al almacenaje de fertilizantes, granos, minerales y otros productos. Sin embargo, lo que en principio parece una apuesta por el desarrollo exportador argentino genera dudas por los amplios beneficios impositivos y la falta de controles que otorga el RIGI, aprobado en la Ley Bases.

En su cuenta de X, Caputo afirmó que “el Comité Evaluador aprobó el noveno proyecto RIGI: un nuevo puerto en Timbúes (Santa Fe) sobre el río Paraná, con una inversión de 277 millones de dólares”. El ministro destacó que la iniciativa busca fortalecer la hidrovía del Paraná, considerada una vía estratégica para el agro y la industria argentina. Según el funcionario, con esta incorporación las inversiones totales aprobadas en el marco del régimen alcanzan los 24.800 millones de dólares.

Pero detrás del optimismo oficial, la información encendió alarmas por la reducción del monto inicial que la propia empresa había comunicado meses atrás. En marzo de 2024, antes del RIGI, el Gobierno informó que Terminales y Servicios S.A. invertiría 550 millones de dólares en el mismo puerto. El nuevo desembolso, de apenas la mitad, alimenta sospechas sobre la verdadera magnitud del proyecto y los compromisos asumidos.

El RIGI, en tanto, ofrece beneficios fiscales, aduaneros y jurídicos por 30 años a empresas que inviertan más de 200 millones de dólares en sectores como energía, minería, infraestructura y tecnología. Para muchos economistas y especialistas en derecho ambiental, este marco “abre la puerta a una entrega de soberanía económica y recursos naturales, sin garantías de beneficios concretos para las comunidades locales”.

Desde el Gobierno aseguran que el régimen busca atraer capital extranjero, generar empleo y aumentar las exportaciones. Sin embargo, el modelo despierta cuestionamientos: “Las reglas del RIGI otorgan a las empresas extranjeras un nivel de estabilidad que ni siquiera tienen las leyes laborales o ambientales argentinas”, señalan voces críticas dentro del Congreso y el sector productivo nacional.

El puerto, según la compañía, podría generar hasta 300 empleos durante la construcción y 200 puestos permanentes una vez operativo. Además, promete incorporar tecnología de punta para reducir tiempos logísticos y optimizar la carga y descarga de mercancías. Pero el proyecto también involucra zonas ribereñas de alto valor ecológico, y organizaciones ambientales advierten sobre el impacto en la biodiversidad y la alteración del cauce del Paraná, un ecosistema ya tensionado por la expansión portuaria.

La empresa afirma que la terminal incluirá una reserva natural de 70 hectáreas, en alianza con la Fundación ProYungas, y un parque solar para generar energía limpia. Aun así, especialistas subrayan que estas medidas no compensan el riesgo ambiental que implican las obras sobre la hidrovía.

Mientras el Gobierno celebra la llegada de nuevas inversiones, crecen las advertencias sobre el costo real del RIGI: una política que podría profundizar la dependencia del país respecto a capitales externos, debilitar la regulación estatal y comprometer recursos naturales clave para el futuro.

En un escenario de recesión, ajuste fiscal y tensiones sociales, la noticia del puerto de Timbúes se suma a una serie de proyectos que, aunque impulsan la agenda oficial, reflejan una preocupante tendencia hacia la concentración de beneficios en manos privadas, en detrimento del interés público y la soberanía nacional.