La resolución publicada este martes en el Boletín Oficial autoriza a la Federal a realizar seguimientos e investigaciones en las redes sociales sin orden de un juez.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 383/2025, el Gobierno nacional reformó de manera drástica las atribuciones de la Policía Federal Argentina (PFA). La norma firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich autoriza, entre otros puntos, requisas sin orden judicial y ciberpatrullajes en redes sociales sin control del Poder Judicial. Diversos especialistas y organismos de derechos humanos alertaron sobre el carácter regresivo de la medida.
Las cinco claves del decreto
- Ciberpatrullaje sin control judicial: La Policía podrá realizar monitoreos en redes sociales y sitios públicos sin orden judicial previa.
- Requisas personales y de vehículos sin intervención de la Justicia: Se podrán realizar inspecciones sin autorización, si se presume relación con un delito.
- Prevención “proactiva” de delitos complejos: Se autoriza la inteligencia criminal sin necesidad de intervención judicial, en coordinación con el Ministerio de Seguridad.
- Reducción de suboficiales: Se limita el ingreso anual y se impulsa la reconversión hacia cargos de oficiales.
- Intervención “espontánea” ante delitos flagrantes: La PFA podrá actuar directamente a requerimiento del Ministerio sin orden judicial.
Ciberpatrullaje: nueva etapa, viejas prácticas
El nuevo régimen legal habilita a la Policía a vigilar redes sociales abiertas, sitios web y plataformas digitales públicas sin necesidad de autorización judicial, aunque el decreto menciona un supuesto respeto por la privacidad y libertad de expresión. No obstante, especialistas y referentes de derechos humanos consideran que la normativa abre la puerta a un uso discrecional de la vigilancia estatal, recordando antecedentes alarmantes.
Uno de ellos es el caso de Nicolás Lucero, detenido en 2016 por publicar en Twitter una canción de cancha contra el expresidente Mauricio Macri. Fue procesado por amenazas e intimidación pública, aunque el expediente fue desestimado en 2018. La experiencia de aquel período de gestión de Bullrich en Seguridad siembra dudas sobre los verdaderos objetivos de esta nueva etapa.
Requisas sin orden: otro punto crítico
El decreto también habilita requisas personales y vehiculares sin autorización judicial cuando se presuma que puede haber elementos vinculados a un delito. La norma no especifica criterios claros para esas “presunciones objetivas”, lo que genera preocupación por posibles abusos. Además, establece que las detenciones podrán prolongarse hasta diez horas cuando la persona no pueda acreditar su identidad, aunque no haya orden de detención formal.
La exministra Sabina Frederic criticó con dureza el nuevo marco: “No esperar la orden judicial es una arbitrariedad pura”, advirtió. También señaló que existe una ambigüedad preocupante entre las figuras de “investigación criminal” e “inteligencia criminal”.
El rol del Congreso, ausente
Como otras reformas del oficialismo, el DNU fue dictado sin debate parlamentario. Además de los cambios operativos, se busca reestructurar el personal de la fuerza, limitando el ingreso de suboficiales y promoviendo el paso a escalafones superiores.
Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la abogada María del Carmen Verdú denunció que se trata de una “reforma de corte autoritario” y alertó sobre su posible uso para la represión de protestas y manifestaciones sociales.
“El Ministerio podría ordenar intervenir en una marcha o local partidario sin control judicial alguno”, alertó Verdú. “Lo único peor que esto sería una dictadura que ni siquiera se moleste en dictar un decreto”.
