En su defensa, la cartera de Seguridad argumenta que un decreto no puede otorgar poderes de investigación similares a los de una fiscalía.
Como pocas veces, el Ministerio de Seguridad y los equipos técnicos de la cartera trabajaron sin cesar un domingo en el medio de una nueva escalada negacionista. Con el fin de entorpecer el avance de la investigación acerca del robo de bebés en la última dictadura militar, la ministra le negó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) el acceso a los legajos de efectivos de las Fuerzas Armadas y las de Seguridad, involucrados en estos crímenes de lesa humanidad.
La CONADI, creada en 1992, tiene como misión principal la búsqueda de hijos de desaparecidos durante la dictadura militar argentina y de personas nacidas en cautiverio, en dicho contexto. Esta comisión había solicitado acceso a los legajos en el marco de 70 expedientes de investigación sobre posibles apropiaciones ilegales de menores por miembros de las fuerzas durante ese período. Bullrich y el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, firmaron la negativa, argumentando que un decreto no puede conferir poderes de fiscalía para investigar “sin pistas específicas”.
En su ferviente negativa, el Ministerio de Seguridad sostiene que el Decreto 715/2004, que amplió las facultades de la CONADI, carece de validez para establecer una unidad de investigación con atribuciones para requerir documentación a otros organismos estatales sin una sospecha concreta. Asimismo, mencionan que esta práctica podría violar la Constitución Nacional, que reserva las funciones investigativas al Ministerio Público Fiscal y prohíbe al Poder Ejecutivo ejercer funciones jurisdiccionales.
Además, la cartera de Seguridad destacó la importancia de mantener la confidencialidad de los datos del personal de las fuerzas, señalando que las leyes orgánicas de las fuerzas federales designan a estos legajos como información reservada. La solicitud de la CONADI, según Seguridad, no estaba basada en una pista concreta, sino que buscaba examinar un amplio número de legajos indiscriminadamente.
Esta situación plantea un desafío significativo para la CONADI y otras organizaciones de derechos humanos que buscan justicia y verdad sobre los crímenes de la dictadura. La falta de acceso a documentos clave puede dificultar las investigaciones y el esclarecimiento de casos históricos de violaciones de derechos humanos.
