El Gobierno lanza un blanqueo sin controles para tentar ahorristas, en medio de caída de reservas y cero inversión.
El Gobierno de Javier Milei lanzó este jueves un plan de blanqueo fiscal que despierta más interrogantes que certezas. Apunta a movilizar los dólares atesorados en cajas de seguridad y otros refugios, en un momento crítico: las reservas del Banco Central siguen cayendo y la inversión extranjera directa brilla por su ausencia. Las medidas, que regirán desde el 1 de junio, fueron anunciadas en Casa Rosada por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Denominado “Plan de Reparación Histórico para los Argentinos”, el programa busca desregular el uso de divisas en el país. El Gobierno promete no perseguir fiscalmente a quienes utilicen sus dólares para consumir o invertir en bienes. “Tus dólares, tu decisión”, afirmó Adorni, intentando dar garantías. Sin embargo, la falta de precisiones legales y el contexto económico generan inquietud en los mercados y entre expertos tributarios.
Luis Caputo, ministro de Economía, sostuvo que el blanqueo será la vía para “liberar el ahorro privado” y reactivar la economía. Su visión parte de una premisa riesgosa: que los argentinos dejarán de guardar sus dólares y los volcarán al consumo de bienes, autos, propiedades y viajes. El plan descansa sobre una confianza que el Estado hoy no logra reconstruir, mientras las señales de alerta macroeconómica se acumulan.
Además del decreto presidencial, se sumarán resoluciones de ARCA, el Banco Central y la Unidad de Información Financiera. El objetivo es reducir el nivel de reportes sobre transferencias, compras y tenencias en dólares. Pero ese relajamiento fiscal pone en tensión la transparencia y la trazabilidad del sistema, algo que organismos internacionales vienen observando con preocupación.
Un blanqueo sin controles ni garantías
Según explicó Juan Pazo, titular de ARCA, las compras con tarjeta en dólares dejarán de ser informadas. También las transferencias bancarias menores a $50 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas. Incluso se eliminarán reportes sobre extracciones de hasta $10 millones en efectivo. La medida borra de un plumazo años de esfuerzos para seguir el movimiento de dinero.
Los plazos fijos también quedan liberados: no se informarán hasta los $100 millones. Las tenencias en sociedades de bolsa solo se reportarán si superan montos similares. Las compras en efectivo, antes informadas desde $250.000, ahora subirán a $10 millones. Las señales son claras: el Gobierno busca desesperadamente que el dinero circule, sin importar las consecuencias a largo plazo.
Caputo insiste en que el Estado debe dejar de tratar “como criminales” a los ahorristas. Pero no explicó qué sucederá si el plan fracasa. Tampoco garantizó que las medidas se mantendrán en futuras gestiones. Ante la consulta sobre si los propios funcionarios traerán sus dólares del exterior, Caputo respondió con evasivas. La credibilidad, una vez más, queda en duda.
En un país acostumbrado a crisis cíclicas, el blanqueo sin controles puede convertirse en una bomba de tiempo. La falta de inversión genuina, la caída del crédito y la incertidumbre institucional agravan el panorama. Si el “dólar colchón” no aparece, el Gobierno se quedará sin plan B. Y los riesgos, esta vez, los pagará toda la sociedad.
